Sábado 21 Marzo 2026

Antes que termine el 2026, el Congreso de Puebla aprobará la iniciativa para sancionar con prisión las agresiones contra periodistas, pronosticó el diputado local del Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa Cortés.

El legislador que en noviembre de 2024 presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Puebla, aseguró que hay consenso entre los grupos legislativos, por lo cual previó que la propuesta sea aprobada en el siguiente periodo ordinario de sesiones que iniciará el próximo 15 de mayo.

“Estamos empujando para que en el siguiente periodo podamos meter la propuesta en comisiones, es lo que estamos buscando. Hay consenso con las bancadas, he tratado de hablar con todos los diputados”, sostuvo el petista.

Figueroa Cortés reconoció que la iniciativa no fue consultada con organizaciones como Artículo 19 y la Red Puebla de Periodistas —sólo con la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores (ASPEC)— sin embargo, afirmó que las reformas planteadas beneficiarán a todo el gremio y no solo a un grupo.

“Estamos trabajando en ello. Nosotros los estaremos buscando, se trata de hacer ruido porque si no, no nos toman en cuenta. Si lo aprobamos no solo es para uno, se aprueba para todos”, dijo.

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Propone aumentar penas

El diputado del PT propone aumentar las penas por el delito de amenazas, hasta en un tercio cuando se cometa en contra de un periodista, reportero o comunicador con motivo de su actividad. Actualmente, la sanción va de seis meses a dos años de prisión y multa de cinco a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El diputado petista propuso reformas al Código Penal para endurecer las penas por agresiones y amenazas contra el gremio periodístico en la entidad.

Figueroa Cortés también planteó agravar la sanción por el delito de lesiones en una tercera parte de la pena máxima, además de castigar el homicidio de periodistas que se cometa por la ocupación o en función de la actividad profesional de la víctima, en especial dentro del periodismo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla para su estudio y resolución procedente.