La diputada Delfina Pozos Vergara planteó endurecer las sanciones contra servidores públicos que cometan extorsión, mediante un exhorto dirigido al Congreso de la Unión. La propuesta busca que se reforme la Ley General en materia de Extorsión para incrementar tanto las penas de prisión como las sanciones económicas cuando el delito sea cometido por funcionarios en ejercicio de sus funciones. Actualmente, la legislación contempla castigos de entre 7 y 17 años de cárcel, además de destitución e inhabilitación; sin embargo, la legisladora consideró necesario elevar las penas y establecer multas proporcionales al beneficio obtenido. 
El planteamiento parte de que la extorsión cometida desde el servicio público genera un mayor daño, al afectar la confianza en las instituciones y abrir espacios a prácticas de corrupción. Te puede interesar: Claudia Rivera pide frenar abusos por precios del Mundial Con esta iniciativa, se busca fortalecer el marco legal y generar un efecto disuasivo frente a este delito, especialmente cuando involucra a autoridades. El exhorto fue turnado para su análisis en el ámbito federal, donde se definiría si se realizan modificaciones a la legislación vigente. |