El Gobierno de México presentó los alcances de la nueva Ley de Aguas, una reforma que, de acuerdo con autoridades, busca transformar el acceso y uso del recurso hídrico en el país mediante la eliminación de prácticas como el acaparamiento, la especulación y el uso ilegal del líquido. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que uno de los principales cambios es la prohibición de transferencias de concesiones entre particulares. Señaló que este mecanismo permitió la creación de un “mercado negro del agua”, donde títulos otorgados para uso agrícola eran redirigidos a sectores industriales, inmobiliarios o de servicios, generando ganancias millonarias. Te puede interesar: Sheinbaum exige investigar muerte de migrante en Florida a manos de ICE El funcionario detalló que también se busca frenar la especulación en acuíferos sobreexplotados, como el de Laguna de Hormigas, Chihuahua, donde se detectaron concesiones sin infraestructura real, presuntamente destinadas a su reventa. En tanto, Sheinbaum Pardo afirmó que el esquema previo limitaba el acceso de usuarios legítimos al recurso. Explicó que antes el agua se comercializaba mediante intermediarios, pero con la nueva legislación se restituyen los derechos de explotación a productores afectados, como ocurre en Baja California.  Casos de abuso documentados por ConaguaEfraín Morales López expuso diversos casos de uso irregular del agua. Uno de ellos involucra a la familia del diputado federal priista Mario Calzada, en Querétaro, que contaba con concesiones agrícolas exentas de pago, pero utilizaba el agua para abastecer desarrollos inmobiliarios y venderla en pipas. Sobre este caso, la presidenta señaló que el legislador votó en contra de la reforma debido a posibles afectaciones a intereses familiares. Asimismo, se reportó un caso en Zacatecas, donde siete títulos de concesión fueron transformados en 50 sin autorización, lo que generó ingresos de hasta 54 millones de pesos para un particular. También se identificaron irregularidades en empresas, incluidas refresqueras y embotelladoras, relacionadas con acaparamiento, sobreexplotación y falta de pago de derechos. Hasta el momento, la Conagua ha realizado más de 7 mil inspecciones, de las cuales más de mil derivaron en clausuras por uso ilegal del agua.
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