Jueves 16 Abril 2026

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera invalidar el delito de ciberasedio en la legislación poblana, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que su administración respetará plenamente la decisión, al tiempo que adelantó que continuará el trabajo legislativo para fortalecer el marco jurídico en la entidad.

“No es un revés para el gobierno, pero respetamos la decisión de la SCJN”, expresó el mandatario estatal, quien subrayó que su gobierno se apega al marco constitucional y a las resoluciones de las instituciones judiciales del país.

Armenta Mier enfatizó que, pese a la anulación de esta figura penal, no se abandonará el objetivo de proteger a la ciudadanía frente a conductas de violencia digital, por lo que llamó a revisar y, en su caso, replantear mecanismos legales que garanticen los derechos sin vulnerar libertades fundamentales.

El delito de ciberasedio había sido incorporado al Código Penal de Puebla como parte de una serie de reformas orientadas a sancionar conductas de hostigamiento, amenazas o intimidación a través de medios digitales. Sin embargo, la norma fue impugnada por considerar que su redacción era ambigua y podía dar pie a interpretaciones que afectaran derechos como la libertad de expresión.

Organizaciones civiles, especialistas en derecho digital y defensores de derechos humanos señalaron que el tipo penal no delimitaba con claridad las conductas sancionables, lo que abría la posibilidad de criminalizar opiniones o críticas en redes sociales.

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Tras analizar el caso, la SCJN determinó que el delito carecía de precisión jurídica, por lo que resultaba inconstitucional al no cumplir con los principios de legalidad y certeza.

Ante este escenario, el gobernador reiteró que la entidad será respetuosa de la ley, pero insistió en que se debe avanzar en la construcción de normas más claras y eficaces.

“El respeto al marco constitucional es fundamental, pero también lo es la protección de los derechos ciudadanos”, sostuvo.

En ese sentido, se prevé que el Congreso local retome el tema para diseñar nuevas propuestas que atiendan la violencia digital sin incurrir en ambigüedades legales, en un contexto donde el uso de plataformas digitales sigue en aumento y, con ello, los riesgos asociados.