Eduardo Rivera comparece ante Contraloría por presunta falta grave

El expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, compareció ante la Contraloría Municipal para atender un requerimiento en el que se le atribuye una presunta falta grave vinculada con un nombramiento realizado durante su gestión en materia de seguridad pública.

Se trata de la designación del entonces director de la Policía Preventiva de Puebla, la cual, de acuerdo con la observación, no habría sido aprobada por el Cabildo de Puebla.

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A través de sus redes sociales, el exalcalde rechazó la acusación y la calificó como “injusta” y “absurda”. Argumentó que el cargo corresponde a un tercer nivel jerárquico, por lo que, según su postura, la ley no obligaba a que fuera sometido a votación del Cabildo.

“Argumentan que cuando fui presidente, el Cabildo no aprobó el nombramiento del Director de la Policía Preventiva, quien ocupaba un tercer nivel jerárquico. La ley NO obligaba a hacerlo. Esta acusación no tiene ni pies ni cabeza. Tan absurda es, que la actual administración siguió el mismo procedimiento”, escribió en X. 

Sin embargo, el exalcalde aseguró que atenderá al procedimiento administrativo en curso para responder a las observaciones de la autoridad municipal.

¿Por qué compareció ante la Contraloría municipal?

El señalamiento en contra de Eduardo Rivera se relaciona con su administración al frente del Ayuntamiento de Puebla, periodo en el que se realizaron ajustes dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC).

Durante esa etapa, se llevaron a cabo 39 ascensos dentro de la corporación, de los cuales 37 corresponden a tercer nivel y dos a segundo nivel, bajo el argumento de fortalecer el Servicio Profesional de Carrera.

La designación más polémica fue la de Alfredo Hernández de Jesús, nombrado en 2022 como director de la Policía Preventiva. En su momento, su nombramiento fue respaldado por el cuerpo edilicio, que destacó su trayectoria y los resultados obtenidos en las evaluaciones de control de confianza.

Sin embargo, el funcionario ya había sido separado de la corporación en 2018, durante la administración de Claudia Rivera Vivanco, tras señalamientos por presunto abuso de autoridad, acoso sexual y posibles vínculos con el huachicol.