Tras la liberación de Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert, el Poder Judicial de Puebla inició una investigación administrativa contra el juez Enrique Romero Razo, titular del Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del distrito judicial de Cholula. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura informó que durante una visita de supervisión extraordinaria realizada los días 14 y 15 de mayo fueron escuchadas las partes involucradas en el proceso relacionado con una persona condenada por feminicidio y otros delitos. Te puede interesar: Liberan a Manuel Forcelledo, sentenciado por el feminicidio de Karla López Albert en 2014 Tras estas diligencias, el Órgano Interno de Control inició una investigación administrativa con el propósito de esclarecer posibles irregularidades y determinar las responsabilidades derivadas de las decisiones tomadas por el juez Enrique Romero Razo.
El caso se originó después de una audiencia realizada el pasado 12 de mayo, en la que Manuel Forcelledo Nader obtuvo su libertad mediante un fallo que, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, habría sido emitido con irregularidades. Posteriormente, el Consejo de la Judicatura del Estado revocó esa resolución, por lo que el sentenciado permanece internado en el Centro Penitenciario de San Pedro Cholula. En 2021, el juez Enrique Romero Razo dictó una condena de 76 años de cárcel y una reparación del daño de 500 mil pesos contra Forcelledo Nader por el feminicidio de Karla López Albert, ocurrido en 2014. Sin embargo, versiones internas señalan que el juzgador habría conseguido que la secretaria de acuerdos, Angélica Rodríguez Zamora, autorizara el cambio de medida cautelar. También puedes leer: Frente feminista exige blindar sentencia contra el feminicida Manuel Forcelledo Tras darse a conocer el caso, más de 30 organizaciones civiles, colectivas y medios feministas emitieron un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial del Estado de Puebla, en el que denunciaron presuntas irregularidades procesales y acusaron al juez de intentar favorecer la libertad procesal del sentenciado. |