La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada participen como candidatas en procesos electorales. La iniciativa contempla la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades electorales y locales, quienes analizarían la información de los perfiles antes de una eventual candidatura. Te puede interesar: Harfuch relanza Operación Enjambre: caen dos alcaldes en Morelos; congelan 32 cuentas La mandataria señaló que la reforma surge tras casos recientes relacionados con presuntos nexos entre autoridades municipales y grupos criminales, por lo que se busca fortalecer los mecanismos de control y revisión de candidaturas, algo que incluyó en su Reforma Electoral original. La propuesta contempla modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, órgano que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE).  Durante la presentación de la iniciativa, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE por un periodo de tres años. De acuerdo con la propuesta, la comisión funcionaría como enlace entre los partidos políticos que voluntariamente decidan adherirse al mecanismo y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. Entre las instituciones que participarían en la revisión de perfiles se encuentran el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).  Las dependencias analizarían la información para determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con el crimen organizado. No obstante, la información que reciba la Comisión no especificará el asunto del que derive dicho riesgo y se manejará en le marco de presunción de inocencia. La Comisión notificará a los partidos políticos si existen o no riesgos en los perfiles revisados, a fin de que determinen si registran o no la candidatura correspondiente. El mecanismo establece que la participación de los partidos en la entrega de listas de aspirantes será voluntaria. Sin embargo, todas las personas que busquen una candidatura deberán firmar una carta de conformidad para someterse a la evaluación. La iniciativa también plantea que el proceso de verificación se lleve a cabo bajo criterios de confidencialidad y que la información tenga carácter reservado, con el objetivo de proteger el debido proceso legal.
|