PAN y PRI respaldan blindar candidaturas del crimen organizado en Puebla para 2027

El PAN y el PRI en el Congreso de Puebla se pronunciaron a favor de blindar las candidaturas contra el crimen organizado y otorgar al Instituto Electoral del Estado (IEE) la facultad de solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) información de las personas que buscan ser postuladas en las elecciones de 2027.

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, respaldó que las instituciones tomen acciones serias para que los partidos políticos no postulen a personas con vínculos delictivos.

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“Me parece bien que se tomen acciones serias, quien haya infringido la ley que no tenga derecho a ser candidato. En el PRI queremos ser transparentes, quien quiera participar no debe haber cometido actos delictivos”, dijo.

Sin embargo, la priista demandó que instituciones como la Fiscalía y el IEE no sean utilizadas por Morena como “garrote político” o para coaccionar a candidatos con el propósito de que se retiren de la contienda electoral.

PAN avala reforma para blindar candidaturas

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Castro Martínez, consideró necesario otorgar facultades al IEE para que pueda solicitar a la Fiscalía información sobre expedientes abiertos o sentencias dictadas en contra de las personas que buscan ser candidatas.

“Es importante que el órgano electoral tenga la facultad de hacerlo, también me parece importante cuidar quiénes van a ser candidatos en la elección de 2027, hoy la responsabilidad es de todos”, subrayó.

A nivel federal, el 3 de junio entró en vigor la reforma para evitar que personas con nexos delictivos participen en las elecciones. Esta medida establece la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano encargado de evaluar el historial de los aspirantes y prevenir la infiltración de grupos delictivos.

Para ello, se facultó al Instituto Nacional Electoral (INE) para coordinarse con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.