Jueves 11 Junio 2026

A decir de Guadalupe Arrubarena García, regidora del PAN, la reforma constitucional para establecer un límite máximo de 15 regidurías en el Ayuntamiento de Puebla busca acabar con los contrapesos para el partido en el poder, es decir, Morena.

Cabe recordar que dicho proyecto de ley entraría en vigor en el próximo proceso electoral y establece que el Cabildo de Puebla pasará de 23 a 15 regidurías, es decir, tendrá una disminución de ocho espacios, lo que equivale a más del 34 por ciento.

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En entrevista con El Popular, periodismo con causa, la política del PAN expresó que quienes avalan la reforma en cuestión desconocen la labor de las regidurías, pues subrayó que es el único orden de gobierno colegiado que no está centralizado.

"La función de este cuerpo colegiado es generar equilibrios, pesos y contrapesos, que finalmente es lo que conforma la democracia, los equilibrios, y precisamente, a mi consideración, esta reforma lo que hace es querer romper con estos equilibrios", dijo.

También mencionó que el número de regidurías debe ser proporcional al número de habitantes que tiene un municipio para lograr un mejor acercamiento con la sociedad que reside en las ciudades.

Señaló que la disminución de funcionarios municipales afectaría ese tipo de representación, así como la posibilidad de acercar oportunamente los servicios del Ayuntamiento.

En cuanto a si las regidurías que se eliminarían serían las de mayoría relativa o las plurinominales, sostuvo que aún no conocen la propuesta en concreto, pero indicó que tendrían que reducirse ambas de manera proporcional.

"Desconocemos todavía el proyecto, porque además la votación se realizó de manera genérica, solo se dice que 15 regidurías van a quedar", declaró.

Respecto al supuesto ahorro de recursos que busca generar la reforma aludida, acusó que se trata de una "falsa austeridad", pues dijo que el actual gobierno de la ciudad tuvo un crecimiento sustancial en su nómina de cargos administrativos.

Por su parte, María Esther Ortiz Pérez, regidora de Movimiento Ciudadano, manifestó que la reducción de regidores es un área de oportunidad para que funcionarias y funcionarios municipales tengan más participación en las 18 comisiones que conforman el Cabildo capitalino.

"¿Qué va a pasar en este término? Pues con menos regidores y regidoras lo que va a ser es que vamos a tener un abanico todavía más grande para poder trabajar; no estamos limitados únicamente a la Comisión que presidimos, sin embargo, sí vamos a poder dar mayores resultados en diferentes ámbitos", acotó.

No obstante, la política emecista precisó que las regidurías a reducir deberían ser las de la planilla ganadora para que se conserven los contrapesos en el Cabildo capitalino.

Agregó que no debe existir una "aplanadora" en el Ayuntamiento de Puebla a favor de todas las iniciativas o gastos ejercidos por el titular de la presidencia municipal.

En otro orden de ideas, puso en duda uno de los argumentos que justifican la reducción de regidurías en el Cabildo capitalino, referente a que busca generar ahorros para la población.

Explicó que, como integrante de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, ha percibido varios gastos superficiales que ha ejercido el Ayuntamiento en perjuicio del dinero de las y los contribuyentes.

Uno de esos gastos, abundó, fue el monto de cuatro millones de pesos que presuntamente erogó la Secretaría de las Mujeres del municipio en un foro que, a su consideración, no ayudó en nada a las víctimas de violencia en la Angelópolis.

"Entonces, ¿de qué sirve que tú intentes ahorrar, entre comillas, con esta reducción de regidoras y regidores cuando vas a gastar en cosas superfluas?", dijo.

La funcionaria municipal continuó su crítica a la justificación económica para sustentar la disminución de regidores al señalar que actualmente no se están invirtiendo oportunamente los recursos públicos en infraestructura, bacheo y luminarias.

Finalmente, aseguró que la mayoría de sus compañeros y compañeras están haciendo un buen trabajo de la mano de la ciudadanía y manifestó su deseo de que la reforma constitucional emanada del denominado Plan B de la Reforma Electoral de la Federación esté bien planeada y no sea producto de una ocurrencia.