La sentencia para legislar a favor de las infancias trans no está a debate, advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la organización CitizenGo México y al Congreso de Puebla, al que otorgó un plazo de cinco días hábiles para informar sobre el cumplimiento de la resolución dictada en marzo de 2022. El 12 de junio, el máximo tribunal respondió a un escrito de la directora de Campañas de CitizenGo, Elisa Bonilla San Román, quien solicitó un diálogo o parlamento abierto con la sociedad civil y la Corte para discutir si debe legislarse en materia de identidad de género de niñas, niños y adolescentes en el estado. Te puede interesar: Congreso de Puebla aplaza discusión sobre infancias trans; alista mesas de trabajo La Corte rechazó la petición al señalar que sus sentencias son de orden público y observancia general, por lo que los efectos establecidos en la acción de inconstitucionalidad 73/2021, que obligan al Congreso de Puebla a reformar el artículo 875 Ter del Código Civil, para que las infancias trans puedan solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, no están sujetos a la voluntad de las personas. Además, advirtió que el incumplimiento injustificado de una sentencia puede derivar en la separación del cargo y la consignación ante un juez de distrito de los funcionarios responsables. La advertencia fue realizada en referencia a un caso de desacato similar registrado en el estado de Sonora.  SCJN advierte multas por incumplir fallo de infancias trans / Gobierno de Jalisco (Ilustrativa)Advertencia de multa a diputados y al jurídico de PueblaLa SCJN otorgó un plazo de cinco días hábiles al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Marcos Castro Martínez; al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez; y al presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Mauricio Céspedes Peregrina, para informar sobre el cumplimiento de la sentencia, acompañando copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Asimismo, requirió al director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, Jesús Juárez Lezama, para que en el mismo plazo informe si ha concluido el análisis de las iniciativas relacionadas con el cumplimiento del fallo. En caso contrario, deberá hacerlo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación. En ese sentido, la Corte advirtió que, de no atender el requerimiento, se impondrá una multa de hasta 120 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 14 mil 077 pesos en 2026, con cargo a su patrimonio personal. La sanción podría ser más severa para el área jurídica, debido a que de ella depende el avance del proceso legislativo. Además, la Corte recordó a los diputados locales que, como superiores jerárquicos, tienen la obligación de vigilar y agilizar el trabajo del director.
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