El Congreso de Puebla realizará una consulta indígena para armonizar la Constitución local con la federal, con el objetivo de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La reforma será aprobada este año. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la LXII Legislatura, Pavel Gaspar Ramírez, también informó que se creará una Sala de Justicia Indígena, que ya funciona en estados como Oaxaca. Será un órgano especializado en resolver controversias con un enfoque de pluralismo cultural. Te puede interesar: Acusan en tribunales omisión del Congreso de Puebla para reconocer a pueblos indígenas Para ello, el legislador elabora una iniciativa en conjunto con Marcos Hilario, presidente del Consejo Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas de Puebla; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el Poder Judicial, la cual se presentaría este 18 de junio. La propuesta ya no fue presentada, pues Gaspar Ramírez explicó que debe socializarse más con la ciudadanía. En ese sentido, aseguró que este año se realizará una consulta indígena para armonizar la Constitución Política del Estado de Puebla con lo establecido en la reforma al artículo 2 de la Constitución federal, publicada el 30 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. 
El presidente del Congreso del Estado recordó que, aunque la iniciativa para homologar la ley local con la federal sea presentada, el Legislativo deberá realizar una consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Indígena tutunakú reclama omisión legislativaRaymundo García López, integrante del pueblo tutunakú del municipio de Zapotitlán de Méndez, reclamó la omisión legislativa del Congreso para armonizar las leyes locales con la reforma al Artículo 2 de la Constitución federal, respecto a la libre determinación y autonomía de pueblos indígenas y afromexicanos. Esto permitiría reconocer la personalidad jurídica y el patrimonio propio de las comunidades, permitiéndoles ser titulares de derechos y no solo entes de interés público. De igual forma, se reforzaría su derecho a decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural.
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