La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen impulsado por la diputada federal Julieta Vences Valencia para incorporar la cohabitación forzada como una modalidad específica de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su prevención, atención y protección. La iniciativa pretende adicionar el artículo 6 Bis, un tercer párrafo al artículo 7 y un segundo párrafo al artículo 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el propósito de tipificar y visibilizar la cohabitación forzada como una modalidad específica de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. El dictamen propone modificar dichos artículos para que el Estado no solo actúe mediante el derecho penal cuando el daño ya ocurrió, sino que también cuente con herramientas administrativas y preventivas. Te puede interesar: Buscan recuperar espacios públicos en Puebla con función masiva de lucha libre La propuesta establece que la cohabitación forzada consiste en obligar, coaccionar, inducir, solicitar, gestionar u ofertar a una o varias mujeres, niñas o adolescentes unirse de manera informal o consuetudinaria, con o sin su consentimiento, con personas de su mismo grupo etario o mayores de 18 años, mediante cualquier tipo de violencia o presión, con el fin de convivir en una unión de hecho equiparable al matrimonio. Asimismo, se considera violencia familiar cuando la cohabitación forzada sea ejercida por personas con quienes la víctima tenga o haya tenido alguna de las relaciones previstas en la ley. También se considerará violencia en la comunidad cuando esta práctica sea ejercida por personas o grupos del entorno social o comunitario de la víctima. La legisladora poblana destacó la urgencia de atender a las "infancias robadas" y señaló que, de acuerdo con Unicef, 12 millones de menores de edad en el mundo son obligados cada año a contraer matrimonio o unirse a alguien contra su voluntad, lo que equivale a una niña cada tres segundos.
 La congresista precisó que la cohabitación forzada no representa una unión libre ni una decisión tomada en libertad.
Al considerar que aquello que no se nombra no existe y que aquello que no se reconoce en la ley difícilmente se convierte en política pública, explicó que la reforma busca visibilizar esta forma de violencia, generar estadísticas específicas, diseñar políticas públicas focalizadas y activar mecanismos de prevención y protección antes de que el daño sea irreversible. Julieta Vences reconoció que, aunque México eliminó el matrimonio infantil, el problema ha evolucionado hacia uniones tempranas no formalizadas, las cuales suelen pasar desapercibidas para las autoridades y perpetúan ciclos de control, aislamiento y deserción escolar. Finalmente, afirmó que en México ninguna mujer, niña o adolescente debe ser obligada a vivir con alguien en contra de su voluntad y subrayó que la iniciativa no invade libertades ni criminaliza decisiones personales, sino que busca cerrar un vacío legal para proteger a quienes no pudieron decidir libremente.
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