La presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), María Emilia Molina, denunció el despido de 43 trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), ocurrido el pasado 30 de junio, al señalar que la medida afectó a personal especializado que brindaba apoyo técnico en la atención de personas usuarias del servicio de defensoría pública. La magistrada de circuito en retiro explicó que las personas separadas de sus cargos no desempeñaban funciones administrativas, sino que realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes de trabajo social e identificaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes solicitan una defensa o asesoría jurídica gratuita por no contar con recursos económicos. 
De acuerdo con Molina, la salida de este personal tendrá efectos en la prestación de los servicios del IFDP, particularmente en la atención a mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, migrantes y otros sectores en condición de vulnerabilidad. Asimismo, señaló que los despidos ocurren pese a los compromisos expresados durante la implementación de la reforma judicial respecto al respeto de los derechos laborales del personal del Poder Judicial. En un pronunciamiento difundido el 1 de julio, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó su rechazo a los despidos y señaló que, con base en testimonios de personas afectadas, se han registrado decisiones atribuidas al Órgano de Administración Judicial (OAJ) que involucran a personal de áreas operativas, trabajadoras sociales y personal administrativo. Te puede interesar: Renuncian tres funcionarios del Congreso de Puebla, entre ellos el jurídico Jesús Juárez La organización afirmó que dichos testimonios describen un ambiente laboral en el que presuntamente se vulneran derechos de las personas trabajadoras, principalmente mujeres que desempeñaban funciones de apoyo administrativo y técnico. El Órgano de Administración Judicial fue creado como parte de la reforma judicial para asumir las funciones de administración, carrera judicial y gestión de personal que anteriormente correspondían al Consejo de la Judicatura Federal. En septiembre de 2024, la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que la implementación de la reforma respetaría los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial, al anunciar la creación del OAJ y el nuevo esquema de elección de jueces y magistrados. |