Con el objetivo de homologar la investigación y sanción del feminicidio en todo el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que plantea penas de 50 a 70 años de prisión, endurece las sanciones y busca garantizar la cero impunidad. Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que para erradicar el feminicidio es necesario fortalecer la prevención, la atención, la educación y el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, así como asegurar que todas las fiscalías investiguen estos casos bajo los mismos criterios.
Te puede interesar: Sheinbaum presenta plan integral para combatir feminicidios en México Sheinbaum destacó que, como la primera mujer presidenta de México, asumió la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia y recordó que durante su administración se incorporaron a la Constitución derechos como la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial. Asimismo, informó que el delito de feminicidio registra una reducción del 36 por ciento respecto a 2021, aunque subrayó que la meta es que no se registre ningún caso en el país.  Homologan el delito y endurecen las sancionesLa consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa homologa el tipo penal de feminicidio en todo el país al establecer que comete este delito quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La propuesta contempla 10 razones de género para acreditar el delito, entre ellas la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, estereotipos de género o contextos de asimetría de poder. También establece penas de 50 a 70 años de prisión y prevé 19 agravantes que incrementarán la sanción hasta en una mitad, como cuando la víctima esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o cuando el responsable sea un servidor público. Además de la pena de prisión, el responsable perderá derechos sucesorios, la patria potestad, la tutela, la guarda y custodia, y será destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos. La iniciativa establece que el delito de feminicidio, su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles, además de que no procederán beneficios como criterios de oportunidad, libertad condicionada, conmutación de pena o amnistía.  Fortalecen la investigación y los derechos de las víctimasLa titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, indicó que la propuesta obliga a investigar los feminicidios con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis de contexto, preservación adecuada de indicios y coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Asimismo, establece que las fiscalías especializadas deberán dar seguimiento al caso desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de la sentencia para garantizar la protección integral de las víctimas. Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, señaló que la iniciativa reconoce derechos como el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica, asistencia jurídica gratuita, apoyo integral para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como la restitución digna del cuerpo de la víctima. También contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, campañas permanentes de prevención, grupos técnicos de apoyo y planes integrales de protección para víctimas sobrevivientes. Finalmente, recordó que el Gobierno de México cuenta actualmente con mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia para las Mujeres, 99 espacios de refugio, la línea 079, opción 1, y una red de mil 200 abogadas especializadas en la atención de mujeres.
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