El Primer Tribunal Colegiado Federal en Materia Administrativa, con sede en Puebla, desechó el recurso de revisión promovido por Jorge N., con el que buscaba impedir la demolición del 20 por ciento restante de las construcciones irregulares levantadas en el predio La Covadonga, propiedad de la Fundación Julita y Antonio I.A.P. De acuerdo con la resolución emitida dentro del expediente RA-725/2025, con fecha 8 de julio de 2026, los magistrados determinaron que el recurso fue presentado de manera extemporánea, por lo que confirmaron que debe cumplirse la orden judicial para concluir la demolición de las viviendas y obras construidas de forma ilegal. Te puede interesar: Tribunal Superior de Justicia vincula a Jorge N. por invasión en La Covadonga Jesús González Schmal, representante jurídico de la Fundación Julita y Antonio I.A.P., señaló que, tras este fallo, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGyDU) del Ayuntamiento de Puebla deberá reanudar y concluir la demolición que quedó pendiente. Añadió que la fundación continuará las acciones legales para obtener la reparación del daño derivado de la invasión y ocupación irregular del predio. La demolición comenzó la madrugada del 19 de julio de 2025, cuando la SGyDU, con apoyo de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, ejecutó una orden judicial y derribó alrededor de 30 inmuebles deshabitados y bardas perimetrales construidas en 8.5 hectáreas del terreno. 
Sin embargo, durante el operativo se presentó un supuesto propietario que exhibió una escritura emitida en el estado de Tlaxcala, lo que llevó a suspender las labores cuando ya se había demolido aproximadamente el 80 por ciento de las edificaciones irregulares. El conflicto por La Covadonga se remonta al 9 de abril de 2023, cuando, según la Fundación Julita y Antonio I.A.P., un grupo de aproximadamente 50 personas armadas tomó por la fuerza 8.5 hectáreas del predio. Posteriormente, el terreno fue fraccionado y ocupado con construcciones que las autoridades judiciales determinaron como irregulares, ordenando su demolición como parte del proceso para restituir el inmueble a sus propietarios.
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