Un día después de que, a propuesta de Movimiento Ciudadano, legisladores de Morena, PVEM, PRI y MC respaldaran en rueda de prensa solicitar una "auditoría forense" a Agua de Puebla para analizar la nulidad de la concesión, organizaciones ciudadanas advirtieron que estarán “pendientes del proceso, puesen coyunturas electorales se suelen hacer muchas promesas de campañas adelantadas". La Asamblea Social del Agua, la Colectiva por el Bienestar Social, la TUCOP y la Contraloría Autónoma del Agua en Puebla "Joel Arriaga" señalaron en un pronunciamiento conjunto que no hace falta esperar ninguna auditoría para actuar: la comparecencia de Concesiones Integrales (Agua de Puebla) y del SOAPAP ante el Congreso, el pasado 7 de julio, "exhibió el desastre de la privatización del agua en Puebla" y aportó, a su juicio, argumentos suficientes para rescindir el contrato por incumplimiento. 
De acuerdo con las organizaciones, en esa comparecencia quedó asentado que la concesionaria solo cumple 9 de los 31 indicadores de funcionamiento a los que está obligada — cifra que la diputada Guadalupe Vargas, del PVEM, confirmó en la conferencia del martes. En agua potable, afirmaron los colectivos, la empresa cumplió 4 de 17 estándares, sin garantizar un suministro mínimo de cuatro días a la semana; en drenaje incumplió 4 de 5 parámetros, y reportó una eficiencia física de apenas 4.16 por ciento. Pese a ello, recordaron, la titular del SOAPAP sostuvo que no se trata de faltas "flagrantes" que justifiquen revocar la concesión — postura que calificaron de "oídos sordos a una realidad tan evidente". Las organizaciones exigieron una auditoría a la inversión del ejercicio 2025, que la empresa deberá comprobar "con facturas y bitácoras de obra", al calificar de inaceptable un subejercicio de 300 millones de pesos mientras colonias del sur y la periferia carecen de agua suficiente, incluso conforme a los horarios de tandeo que la propia concesionaria publica. Te puede interesar: Desde el Congreso piden auditoría forense para Agua de Puebla Reclamaron además la falta de entrega de boletas de cobro, montos "exorbitantes" con recargos de hasta 100 por ciento que han derivado en quejas ante la Profeco, y cortes del servicio decididos —dijeron— de manera unilateral por la empresa, en violación al derecho humano al agua. La desconfianza de los colectivos tiene antecedente: los cuestionamientos entregados a SOAPAP y Agua de Puebla vía el Congreso desde la comparecencia del 20 de marzo, recordaron, siguen sin respuesta cuatro meses después. Demandaron también la instalación de una mesa de trabajo con comunidades, universidades, colegios de profesionistas y organizaciones sociales para construir un modelo de gestión pública del agua, así como la abrogación de la actual Ley de Agua del Estado y la elaboración participativa de una nueva. La concesión, que la empresa opera desde 2014, ha vuelto al centro del debate por las recurrentes inundaciones en la capital y la contaminación de los ríos Atoyac y Alseseca, que las organizaciones calificaron de "crimen ambiental persistente". |