En lo que va del mes de julio se han acumulado dos inconformidades contra la titular del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI), Apolinaria Martínez Arroyo, por una supuesta omisión de la funcionaria respecto a las necesidades de dos comunidades. También puedes leer: Congreso realizará en agosto asambleas para reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas Una de ellas es que no estuvo presente en la reunión que, por orden de un juez federal, se llevó a cabo entre autoridades estatales e integrantes de Cholultecas Unidos en Resistencia. Ello debido a que las y los pobladores, provenientes principalmente de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, exigen al Ayuntamiento de San Andrés Cholula tomar en cuenta sus propuestas de defensa territorial en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Sin embargo, el 23 de julio, fecha en que se programó la mesa de diálogo entre representantes de la Secretaría de Gobernación, comunitarios y autoridades municipales, el IPPI brilló por su ausencia. Así lo refirió en una entrevista Juan Carlos Flores Solís, representante legal de Cholultecas Unidos en Resistencia, quien agregó que dicho instituto había mostrado una conducta más imparcial tiempo atrás. Por otro lado, habitantes de Santa María La Alta, comunidad hablante de náhuatl que pertenece al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, dieron a conocer un video en el que se muestra un supuesto rechazo de la funcionaria. En el material publicado en la página del periodista Braulio Paisano se ve a uno de los pobladores, identificado como Alberto Dolores, tratando de entablar una comunicación con Martínez Arroyo, pero ella lo dirige con su particular. El comunitario le hace saber al servidor público en cuestión que solicitan la presencia del representante jurídico del IPPI con motivo de la sentencia judicial que ganaron, en la que se ordena al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez la entrega de recursos federales. No obstante, en el video se escucha al particular de Martínez Arroyo darle vuelta a la petición del comunitario bajo el argumento de que su solicitud se debe formalizar por escrito y a través de un correo electrónico. Posteriormente, en otra llamada, la funcionaria promete revisar la solicitud hecha por los interesados mediante plataformas electrónicas y asignarla al área correspondiente. Asimismo, en el material audiovisual se le oye justificarse de no poder darles una respuesta en ese momento con el argumento de que está en medio de una jornada de servicios de la dependencia. ¿Más de un año y medio sin resultados concretos en el IPPI?En semejanza con lo que en su momento informó El Popular acerca de la gestión de Aurelio Leonor Solís al frente de Museos Puebla, el IPPI es una de las dependencias gubernamentales en las que hay señalamientos de omisiones, irregularidades y presuntos escasos resultados. La directora general, Apolinaria Martínez Arroyo, se tituló en la Licenciatura en Derecho en julio de 2024 y tres meses después, en octubre, recibió su cédula profesional. Así se puede constatar en el Registro Nacional de Profesiones del Gobierno de México, en donde también se puede verificar que cursó su carrera en el Centro Universitario Milenium, en Tehuacán. 
Ahora bien, desde que dicha funcionaria está en la administración pública, es decir, hace más de un año y medio, poco se sabe de las actividades y convocatorias del instituto bajo su cargo. En una revisión de las publicaciones de las redes sociales del IPPI, predomina la difusión de logros estatales y no así lo que hace el Instituto, por lo que la gente no puede enterarse de sus distintas direcciones, como las de Lenguas, Desarrollo con Identidad, las Oficinas de Representación Regionales o Educación para la Equidad e Investigación. Además, fuentes confiables indicaron a este reportero que la dependencia cada 15 o 30 días tiene rotación de personal, presuntamente porque las y los trabajadores padecen hostigamiento laboral y despidos injustificados. Eso último ha ocasionado que el IPPI no tenga cubiertas sus más de 40 plazas y, por tanto, haya una deficiente atención a las necesidades o demandas de las comunidades indígenas existentes en el estado. Por otro lado, las fuentes mencionan que un funcionario llamado Moisés Ismael Rosas Cabrera ha tenido un meteórico ascenso en el organigrama, pasando de la Subdirección de Tecnologías de Información a la Secretaría Técnica, a pesar de que presuntamente no tiene trabajo de campo y, por ende, un acercamiento real y directo con las poblaciones originarias. En otro asunto, la titular del IPPI ha sido acusada de no dar seguimiento al Catálogo de Pueblos Indígenas del estado de Puebla, lo que dificulta la entrega de apoyos federales a distintas comunidades, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM). Por último, gente que trabajó directamente en la dependencia asegura que en 2025 hubo un subejercicio del presupuesto, lo que significa que se incumplieron metas programadas y la aplicación de recursos. Según datos hemerográficos, en 2025 se aprobó un monto de 39.5 millones de pesos para el IPPI, aunque en el transcurso del año se le hizo una modificación hasta alcanzar los 41.1 millones. De esa cantidad, no se habrían ejercido 12.3 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 30 por ciento. |