Martes 28 Julio 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política y pidió a sus defensores informarse sobre el caso.

Aseguró que la investigación sobre Ruffo Appel está relacionada con su presunta participación en una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a las críticas del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), cuyos integrantes calificaron el caso como una "venganza política" y advirtieron sobre un supuesto deterioro del Estado de derecho en México.

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La presidenta sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con "muchísimas pruebas" y recordó que Ruffo Appel no es el único implicado en la investigación. Añadió que el caso debe analizarse desde la perspectiva jurídica y no política.

"Pero no es solamente el exgobernador, sino por lo menos ocho detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano, a las y los mexicanos", afirmó.

En tanto, la FGR informó el día lunes que un juez federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a otras siete personas por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.

Según la dependencia, la investigación comenzó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, donde se detectó una presunta operación para importar combustible declarando solo el 10 % del volumen transportado.

Grupo IDEA acusa persecución política

El Grupo IDEA, integrado por 25 expresidentes y exjefes de Gobierno iberoamericanos, entre ellos Felipe Calderón, Vicente Fox, José María Aznar, Mariano Rajoy, Álvaro Uribe y Mauricio Macri, sostuvo que el proceso contra Ruffo Appel constituye una "persecución política instrumentada desde el poder" y acusó violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.

“La situación de Ruffo Appel reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder. Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de Derecho”, se lee en su posicionamiento.

En respuesta, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, desestimó los señalamientos del organismo al considerar que varios de sus integrantes "carecen de autoridad moral para darle lecciones al pueblo de México".

Asimismo, indicó que la investigación contra el exgobernador comenzó hace más de un año por presuntas operaciones aduanales y financieras relacionadas con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques.