La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Puebla presentará al Gobierno del Estado un Plan Maestro de Inversión Ambiental y Energética con el que busca atender la crisis en el manejo de residuos sólidos, luego de que un diagnóstico oficial identificara 73 sitios de disposición final que operan de manera ilegal en la entidad. La propuesta surge tras el informe de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, que detectó 83 sitios de disposición final, de los cuales solo 10 cumplen con la normatividad, mientras que el resto opera de forma irregular. El presidente de la CMIC Puebla, Raymundo del Valle Lafont, señaló que el problema requiere una solución de largo plazo, al considerar que los costos por el traslado de residuos, incendios y sanciones continúan incrementándose para los municipios. El proyecto fue elaborado por el consorcio internacional ESSSAB Latinoamérica y plantea desarrollar un sistema estatal de gestión de residuos financiado al 100 por ciento con capital privado, sin aportaciones económicas del Gobierno del Estado ni de los ayuntamientos. Entre las obras propuestas se encuentra la construcción de una planta de termovalorización con capacidad para procesar 2 mil 500 toneladas diarias de residuos, además de dos estaciones de transferencia, la incorporación de hasta 50 camiones recolectores y 25 tractocamiones Euro VI, así como el saneamiento de tiraderos clausurados. Te puede interesar: Llevan torneo de futbol comunitario y mejora de espacios deportivos a la colonia Santa Lucía La inversión estimada asciende a 910.5 millones de dólares, recursos que, de acuerdo con la CMIC, serían aportados por un consorcio privado que operaría la infraestructura bajo un esquema de concesión y, al término del periodo establecido, la entregaría al patrimonio público. Según la cámara empresarial, el proyecto permitiría reducir el envío de residuos a tiraderos clandestinos, disminuir la contaminación por lixiviados, prevenir incendios en basureros y generar energía a partir del tratamiento de residuos, además de homologar el sistema estatal con lo establecido en la Ley General de Economía Circular. |