Ante la iniciativa que plantea exigir estudios en Derecho como requisito para ocupar una curul en el Congreso de Puebla se reabre el debate sobre la preparación y representación de las y los legisladores en Puebla. Más información: Causa Común por Puebla presenta iniciativa para exigir título de abogado a aspirantes al Congreso Una revisión de El Popular a las síntesis curriculares publicadas por el propio Congreso, complementada con información electoral en los casos en que las fichas legislativas no detallan los estudios, encontró que 31 de los 41 diputados reportan al menos una licenciatura o ingeniería concluida. Otros dos tienen una licenciatura con titulación en proceso; dos reportan estudios universitarios sin que se haya podido acreditar su conclusión; una legisladora declaró una licenciatura inconclusa; dos cuentan con educación media superior como máximo grado localizado y en tres casos no existe información pública suficiente para atribuirles una carrera profesional. Actualmente, la Constitución de Puebla establece un piso académico mucho menor. Su artículo 36 señala que para ser diputada o diputado propietario o suplente se requiere contar con la ciudadanía del estado en ejercicio de sus derechos, saber leer y escribir y tener 18 años cumplidos el día de la elección. No exige preparatoria, licenciatura ni alguna profesión determinada. 
Sólo nueve de los 41 reportan haber estudiado DerechoSi el requisito planteado por la organización Causa Común por Puebla, se aplicara hipotéticamente a la integración actual del Congreso, el cambio sería considerable: sólo nueve de las y los 41 legisladores reportan una Licenciatura en Derecho entre su formación académica. Se trata de Norma Estela Pimentel Méndez, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Pável Gaspar Ramírez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Araceli Celestino Rosas, Julio Miguel Huerta Gómez, Beatriz Manrique Guevara, Marcos Castro Martínez y Fedrha Isabel Suriano Corrales. 
Dos diputaciones reportan doctoradoEn el extremo de mayor formación académica aparecen al menos dos integrantes con estudios de doctorado reportados. La diputada Norma Estela Pimentel Méndez, del PVEM, estudió la Licenciatura en Derecho en la UDLAP, además de estudios de maestría en áreas jurídicas y un Doctorado en Derecho por la BUAP. Paradójicamente, pese a que su perfil es eminentemente jurídico, actualmente preside la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura y es secretaria de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado. También se encuentra Elías Lozada Ortega, de Nueva Alianza, cuya formación inicia en Ingeniería Industrial y posteriormente se orienta al ámbito educativo, con una Maestría en Desarrollo Educativo y un Doctorado en Investigación Educativa. En el Congreso preside, sin embargo, la Comisión de Desarrollo Urbano y funge como secretario de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. 
Entre quienes cuentan con estudios de posgrado también aparecen Laura Guadalupe Vargas Vargas, politóloga con maestría en Gestión Pública; Angélica Patricia Alvarado Juárez, comunicóloga con diferentes estudios de maestría; Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, abogado con maestría en Ciencia Política y Gestión Pública; y María Fernanda de la Barreda Angon, licenciada en Educación con maestría en Psicopedagogía. Se agregan Nayeli Salvatori Bojalil, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Madero y con Maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Puebla; Leonela Jazmín Martínez Ayala, abogada con maestrías en Ciencias Políticas y Educación; Julio Miguel Huerta Gómez, abogado con maestría en Gobernanza y Gobiernos Locales; y Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, politólogo con maestría en Gestión Pública. También reportan estudios de maestría María Soledad Amieva Zamora, Beatriz Manrique Guevara, Celia Bonaga Ruíz, Marcos Castro Martínez, Luana Armida Amador Vallejo y Delfina Pozos Vergara, entre otros perfiles con especializaciones o estudios adicionales. Administración y educación las más frecuentesEl Poder Legislativo también cuenta con administradores y perfiles vinculados a la gestión pública. José Miguel Trujillo de Ita estudió Administración en la BUAP; Andrés Iván Villegas Mendoza, Administración; Grace Palomares Ramírez, Administración de Empresas; José Luis Figueroa Cortés, Administración de Empresas; Roberto Zataráin Leal, Gobierno y Administración Pública; Rafael Micalco Méndez, Administración Pública; y María Soledad Amieva Zamora, Administración Pública. En el campo educativo se encuentran Floricel González Méndez, con dos formaciones relacionadas con Educación; María Fernanda de la Barreda, licenciada en Educación; y Azucena Rosas Tapia, quien destaca por reportar tanto estudios de Médico Cirujano como una Licenciatura en Educación Secundaria, además de formación en medicina homeopática. Otros perfiles son Rosalío Zanatta Vidaurri, ingeniero industrial en producción; Delfina Pozos Vergara, ingeniera en Sistemas Computacionales; Luana Armida Amador Vallejo, economista; Ana Laura Gómez Ramírez, contadora pública; Susana Riestra Piña, internacionalista; Ana Lilia Tepole Armenta, mercadóloga; y Nayeli Salvatori y Angélica Alvarado, ambas formadas originalmente en Ciencias de la Comunicación. Integrantes sin licenciatura concluida o acreditada públicamenteEn el otro extremo se encuentran legisladores para quienes no se pudo acreditar una licenciatura concluida con la información pública revisada. En el caso de Miguel Márquez Ríos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, las fuentes consultadas ubican su escolaridad en nivel medio superior. Su trayectoria pública ha estado principalmente vinculada al movimiento obrero y sindical. Una situación similar ocurre con Esther Martínez Romano, presidenta de la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para quien se localizaron estudios de nivel medio superior, pero no una licenciatura concluida. En el caso de Elpidio Díaz Escobar, presidente de Transportes y Movilidad, el registro electoral consultado señala que no presentó información sobre su educación durante el proceso electoral. Su trayectoria conocida está ligada principalmente al sindicalismo y a la dirigencia de la CATEM en Puebla. Para Modesta Delgado Juárez, secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural, la síntesis curricular del Congreso no presenta una formación universitaria que permita establecer una profesión específica. La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez reportó ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla como grado máximo “licenciatura inconcluso”, sin precisar en ese registro una profesión terminada. Actualmente es secretaria de la Comisión relacionada con la Agenda 2030. Mientras que para Elisa Limón Balderrabano, presidenta de la Comisión de Vivienda, la ficha legislativa no especifica una licenciatura; existen referencias institucionales a que cursa estudios superiores, pero no información suficientemente clara para atribuirle una carrera profesional determinada. Otros casos requieren una precisión distinta. Kathya Sánchez Rodríguez reporta estudios de Contaduría Pública y Guadalupe Yamak Taja estudios en Administración Pública, pero las fuentes revisadas no permiten asegurar que hayan concluido o se hayan titulado. Por su parte, Jaime Natale Uranga registra una Licenciatura en Administración de Empresas con titulación en proceso, mientras Xel Arianna Hernández García reporta Relaciones Internacionales en la BUAP también con titulación en proceso, además de estudios especializados en Ciencias Políticas.  La carrera no siempre coincide con la comisión que encabezanEl cruce de los estudios con las responsabilidades dentro del Congreso arroja otro elemento para el debate: la formación profesional de quien preside una comisión no necesariamente corresponde con la materia que ésta analiza. Uno de los casos más visibles es Nayeli Salvatori, formada en Comunicación y Administración Pública, quien preside la Comisión de Salud. En esa misma comisión, en cambio, la secretaría corresponde a Azucena Rosas Tapia, quien sí reporta formación como médico cirujano, aunque ella encabeza la Comisión de Cultura. La ficha oficial de Salvatori confirma tanto sus estudios como su presidencia de Salud. 
Miguel Márquez Ríos, con educación media superior documentada, ocupa la presidencia de Presupuesto y Crédito Público, una de las comisiones que intervienen en el análisis del gasto estatal. De hecho, durante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 fue uno de los legisladores que expuso las reasignaciones y partidas presupuestales aprobadas para diferentes áreas del gobierno. Otros casos presentan una relación más cercana entre preparación y comisión. Floricel González Méndez, cuya carrera está vinculada a la enseñanza, preside Educación; Beatriz Manrique Guevara, abogada con estudios de Derecho Ambiental y experiencia pública en la materia, encabeza Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Óscar Mauricio Céspedes, abogado, preside Procuración y Administración de Justicia; y Julio Huerta Gómez, también abogado y con formación en gobernanza, encabeza Gobernación y Puntos Constitucionales. Estos contrastes muestran que la distribución de las comisiones no responde exclusivamente a la formación académica de sus presidentes, sino que en ella intervienen también las negociaciones políticas, la representación de los grupos legislativos y las trayectorias de sus integrantes.
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