La falta de capacitación, atención psicológica, concursos de promoción y prestaciones laborales persiste entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y sistema penitenciario de Puebla, de acuerdo con el estudio presentado por Causa en Común ante el Congreso del Estado. Durante la presentación de los resultados para Puebla del Informe de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia 2025, la organización evidenció deficiencias en la profesionalización de policías, ministerios públicos, policías de investigación, peritos y custodios. En el caso de la Policía Estatal, Causa en Común encontró que durante 2024 apenas 283 de 4 mil 972 elementos, equivalente al 6 por ciento, acudieron a prácticas de tiro. Además, la corporación reportó que no contaba con personal de psicología para atender a sus integrantes y no realizó un concurso de promoción de grados. La organización también detectó que la institución impartió únicamente cinco de las 13 materias relacionadas con el uso de la fuerza. Aunque 91 por ciento del personal contaba con controles de confianza aprobados y vigentes, persistieron deficiencias en materia laboral; entre las prestaciones no se contemplaban seguro de riesgos de trabajo ni servicios funerarios. La desigualdad también fue señalada dentro de la corporación. Las mujeres representan 26 por ciento del estado de fuerza, pero sólo ocupan 6 por ciento de los puestos de mando. En la Fiscalía General del Estado, el diagnóstico mostró que sólo 35 por ciento de los ministerios públicos y policías de investigación contaba con evaluaciones de control de confianza acreditadas. Además, durante 2024 no se realizaron concursos de promoción de grados para ministerios públicos, policías de investigación ni personal pericial. La Fiscalía tampoco impartió cursos de actualización durante ese año y, para el personal pericial, no hubo formación inicial. Como aspecto positivo, la institución evaluó en desempeño a 950 policías de investigación, 88 por ciento de la plantilla, y entregó la totalidad de la información solicitada por la organización. El sistema penitenciario presentó también importantes vacíos. Puebla no cuenta con una carrera penitenciaria ni servicios de psicología para custodios, mientras que Causa en Común no pudo conocer siquiera el número total de elementos activos que laboran en los penales. Te puede interesar: Por nexos con el crimen y abuso de autoridad, 7 mandos policiales han sido detenidos en Puebla La organización tampoco obtuvo información sobre la escala jerárquica de la corporación, la escolaridad de los mandos ni las condiciones de instalaciones y equipamiento de los centros penitenciarios. En cuanto a las prestaciones, se informó que el personal penitenciario no cuenta con servicios funerarios, días de vacaciones, días de descanso ni aguinaldo. Los resultados fueron presentados durante la sesión de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales del Congreso de Puebla, presidida por la diputada Celia Bonaga Ruiz, dentro del proyecto Diálogos sobre el estado que guardan las instituciones de seguridad y justicia. Los investigadores de Causa en Común Asael Nuche y Fernando Escobar, así como Claudia Ivette Morales Núñez, de Impunidad Cero, plantearon que las organizaciones civiles deben contribuir a documentar las deficiencias institucionales, traducir la evidencia en normas y presupuestos y dar seguimiento a su cumplimiento. 
Ante los hallazgos, Causa en Común exigió fortalecer la profesionalización de las corporaciones, mediante concursos de promoción de grados, prácticas anuales de tiro, atención psicológica para el personal y una política de seguridad social más amplia. También pidió corregir las deficiencias del sistema penitenciario, fortalecer la formación del personal pericial de la Fiscalía e incorporar de manera efectiva la perspectiva de género en las instituciones de seguridad y justicia. La organización colocó además la responsabilidad en el Congreso local, al que llamó a utilizar sus facultades presupuestarias y de fiscalización para comprobar que las obligaciones establecidas en la ley se traduzcan en mayores capacidades institucionales, procedimientos, información pública y resultados. |