El Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló la posibilidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas comercializadoras de combustibles relacionadas con operaciones ilegales entre octubre de 2024 y agosto de 2026, como parte de las medidas implementadas por el gobierno federal para combatir el denominado huachicol fiscal. La medida consiste en bloquear y cancelar la emisión de comprobantes fiscales digitales (CFDI) a empresas que las autoridades identificaron dentro de esquemas vinculados con el contrabando de hidrocarburos, la simulación de operaciones y la comercialización irregular de combustibles. El SAT mantiene mecanismos para detectar a contribuyentes que presuntamente realizan operaciones inexistentes mediante facturas y, cuando se acredita la inexistencia de las operaciones, los incorpora a los listados correspondientes conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
La estrategia también contempla acciones penales. Las autoridades han solicitado investigaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra personas y empresas presuntamente relacionadas con estas redes, además de medidas administrativas contra actores que participan en las operaciones de comercio exterior. En paralelo, el gobierno federal informó que 63 permisos de agentes aduanales fueron retirados desde el inicio de la actual administración por su relación con acciones contra el contrabando de combustibles. La nueva Ley Aduanera también modificó las responsabilidades dentro de las operaciones de comercio exterior, al establecer una participación corresponsable de los agentes aduanales cuando se detecten irregularidades o delitos relacionados con los trámites que realizan. Te puede interesar: Sheinbaum confirma investigaciones por huachicol fiscal y extradiciones A estas medidas se suman acciones contra recintos fiscalizados que incumplieron las disposiciones correspondientes, así como la revisión y cancelación de registros y permisos relacionados con operaciones consideradas irregulares. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que una de las modalidades detectadas consiste en la creación y desaparición constante de comercializadoras. De acuerdo con lo señalado por la mandataria, algunas empresas operaban durante periodos muy cortos y posteriormente dejaban de funcionar para dar paso a nuevas compañías. Este esquema, según las autoridades, dificulta el seguimiento de las operaciones y puede ser utilizado para evadir responsabilidades fiscales o facilitar el ingreso y comercialización de combustibles de procedencia irregular. En una investigación presentada por autoridades federales en julio, se documentó una red en la que participaban empresas importadoras, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas dedicadas al transporte y comercialización de derivados del petróleo. Las autoridades señalaron que en algunos casos se declaraban cantidades menores a las realmente transportadas o productos distintos a los introducidos al país. |