Daniel Aquino, activista LGBT+, señaló que es preocupante que los sistemas de salud no tengan un conteo sobre las personas de la comunidad LGBT+ que solicitan los servicios públicos para atender sus necesidades en materia de sexualidad. 

“Justo es preocupante que no se reporten datos. No es común ver cuántas personas dentro de la población de la diversidad sexual acuden a los Centros de Salud, particularmente para solicitar servicios de salud sexual, salud reproductiva; esto a pesar de que hace un año la Secretaría de Salud lanzó el protocolo para personas dentro del espectro LGBT”, explicó. 

Indicó que hace falta que el personal de salud se someta a capacitaciones para sensibilizarse en el tema, pues si bien hay algunas personas que intentan atender de manera respetuosa, no todas tienen esta misma empatía. 

Y es que de acuerdo con la página oficial de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, existen 288 unidades de primer nivel que brindan Servicios de Salud Amigable para la ciudadanía, aunque estas se enfocan en los adolescentes. 

Por otro lado, no existe información sobre el apoyo generado por la Secretaría de Salud hacia las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+ en la entidad. Lo anterior pese a que en redes sociales algunos usuarios de la red social X han registrado el maltrato y la ineficiencia de estos centros de salud en su contra.

Además, tampoco hay datos que detallen el número de personas indígenas que han solicitado algún servicio de este tipo de información en las plataformas del Gobierno del Estado, como lo es la Secretaría de Salud. 

Día Mundial de la Salud Sexual 

Desde 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (AMSS) y sus organizaciones afiliadas establecieron el 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual, con el objetivo de promover una mayor conciencia social en torno a este tema.

Esta fecha no solo busca educar a las personas sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sino también promover la igualdad de género, la diversidad y la eliminación de estigmas y barreras que impiden que las personas tomen decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.