La reciente designación de la capitana Karla Trigueros como ministra de Educación en El Salvador ha desencadenado una serie de medidas que transforman la vida cotidiana en las escuelas públicas y generan un intenso debate social y político. Desde su nombramiento, el 14 de agosto, el presidente Nayib Bukele ha impulsado una política que, según él, busca preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del futuro y erradicar la influencia de pandillas en las aulas. Sin embargo, para expertos y defensores de derechos humanos, se trata de una extensión de la militarización del país y una amenaza a los derechos estudiantiles. La primera orden pública de la ministra Trigueros establece que todos los alumnos deben presentarse con la mitad de la cabeza rapada, el uniforme impecable y mostrar respeto verbal hacia los adultos con expresiones como “gracias” y “por favor”. El incumplimiento, tanto por parte de estudiantes como de docentes que no hagan cumplir la medida, conllevará sanciones severas, según comunicados oficiales. La disposición ha provocado un aumento en la demanda de servicios en peluquerías y se volvió viral en redes sociales con videos y memes que retratan el impacto inmediato en la sociedad. En paralelo, directores de escuelas públicas informan que ahora deben supervisar personalmente que cada estudiante cumpla con el código de vestimenta y corte de cabello, lo que ha llevado a que muchos niños sean rechazados en la entrada de los planteles. De forma anónima, varios docentes manifestaron su temor por el ambiente de presión que enfrentan:
Para Noah Bullock, director de la organización Cristosal, la estrategia es errónea:
La militarización educativa forma parte de una estrategia más amplia promovida por el gobierno de Bukele desde 2024, en la que los planteles son considerados un frente para combatir la violencia de pandillas. Como parte de esta política, se han ordenado fichas para estudiantes con conductas consideradas “antisociales” y se han realizado detenciones bajo acusaciones que en muchos casos carecen de evidencia sólida. Te puede interesar: Desmienten que repique de campanas fuera llamado a protesta en Cuautlancingo En los últimos meses, decenas de estudiantes han sido arrestados y procesados bajo cargos como desórdenes públicos y pertenencia a pandillas, lo que ha encendido alarmas por la falta de garantías legales y la ausencia de respeto al debido proceso.
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