La defensora de derechos humanos Guedany Figueiras, hizo pública una denuncia por presuntos actos de violencia laboral y censura en su contra al interior del Ayuntamiento de Puebla. De acuerdo con su pronunciamiento, el pasado 20 de febrero la regidora Lupita Vanesa López le informó que ya no podía continuar laborando en su oficina. La razón, según lo expuesto, no estuvo relacionada con su desempeño profesional, sino con supuestas “presiones políticas externas” provenientes de otros órdenes de gobierno. Figueiras señaló que dichas presiones habrían iniciado desde noviembre de 2025 y estarían vinculadas con su participación pública y su activismo en defensa de los derechos de las mujeres. Entre los temas por los que ha fijado postura se encuentran el caso de Cecilia Monzón, la llamada Ley Monzón, la protección de niñas y niños en orfandad por feminicidio y la exigencia de justicia para víctimas de violencia de género. En su posicionamiento, la defensora subrayó que todas sus actividades fueron realizadas fuera de su horario laboral y en ejercicio de su libertad de expresión. Afirmó que su desempeño profesional nunca ha sido cuestionado y que no ha incurrido en faltas administrativas. Ante estos hechos, informó que presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, instancia que emitió medidas cautelares. También interpuso denuncia ante la Sindicatura Municipal y ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Figueiras sostuvo que la decisión constituye violencia política en razón de género, al considerar que se trata de una represalia por ejercer sus derechos fundamentales como defensora. Actualmente, indicó, enfrenta una situación de incertidumbre laboral. Te puede interesar: Violencia política de género: Puebla cierra el año con 12 personas sancionadas Colectivo respalda a la defensoraTras hacerse pública la denuncia, el colectivo Por las Mujeres de Puebla expresó su respaldo a Guedany Figueiras y calificó los hechos como un intento de silenciar el activismo feminista dentro de las instituciones públicas. En su pronunciamiento, hizo un llamado al Ayuntamiento de Puebla para garantizar sus derechos laborales y frenar cualquier acto de represalia. Asimismo, convocó a organizaciones civiles, medios de comunicación y a la sociedad a mantenerse atentos al caso. “Esta denuncia no es solo por un caso individual, sino por todas las mujeres que han sido silenciadas por defender la justicia”, señalaron. |