La Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación (PJF) para garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral para la familia de Nadia Guadalupe Morales Rosales, desaparecida en 2017. A través de un comunicado, la institución señaló que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Puebla deberá resolver el amparo directo 142/2025, relacionado con el caso de la joven, quien desapareció a los 17 años cuando se dirigía a su escuela tras abordar el transporte público en octubre de 2017. De acuerdo con el pronunciamiento, en 2025 la familia obtuvo una apelación mediante la cual se estableció la responsabilidad penal por el delito de desaparición cometida por particulares, luego de que en una primera instancia el acusado fuera absuelto. La clínica jurídica explicó que los familiares de la víctima han atravesado un largo proceso dentro del sistema de justicia, solicitando que las autoridades investiguen el caso con debida diligencia y enfoque de derechos humanos, especialmente al tratarse de una desaparición que podría estar vinculada con trata de personas con fines de explotación sexual. En el comunicado también se pidió a las personas magistradas analizar el caso considerando el contexto de las desapariciones en el país, así como la complejidad probatoria que implican estos delitos, particularmente cuando las personas responsables forman parte del entorno de confianza de las víctimas. Te puede interesar: Exige rector de la Ibero Puebla justicia por homicidio de padres del Instituto Oriente Asimismo, recordaron que la Primera Sala Colegiada Penal de Puebla ya resolvió previamente la apelación de la familia utilizando prueba circunstancial, peritajes en antropología social y análisis psicosocial, así como estudios de contexto. Finalmente, la clínica subrayó que las autoridades tienen la obligación de investigar y sancionar las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, y de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad, con el objetivo de garantizar la reparación para las víctimas indirectas y el esclarecimiento de los hechos en el caso de Nadia Guadalupe.
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