A casi siete años del feminicidio de María Alejandra Galeazzi, ocurrido en mayo de 2018, su familia ha alzado nuevamente la voz para exigir la revisión del proceso judicial, al señalar posibles irregularidades y decisiones que, advierten, podrían derivar en la liberación del presunto responsable. El caso ha cobrado relevancia no solo por el tiempo transcurrido sin una sentencia firme, sino porque el juez Juan Carlos Malpica Aladro —quien previamente ha sido señalado por sus determinaciones en el proceso por el feminicidio de Cecilia Monzón— fue también quien otorgó la medida cautelar de uso de brazalete electrónico a Jorge Mario N., imputado por el asesinato de Galeazzi. Te puede interesar: Justicia para Alejandra; feminicida estuvo prófugo y le dan libertad condicional De acuerdo con los antecedentes, María Alejandra Galeazzi perdió la vida tras sufrir una herida de aproximadamente 25 centímetros en el cráneo. En un inicio, su esposo —hoy imputado— argumentó que se trató de una caída, versión que contrasta con las lesiones documentadas. Además, intentó agilizar su cremación. A pesar de ello, la detención se concretó hasta 2023, cinco años después de los hechos. Posteriormente, la defensa del imputado solicitó el cambio de medida cautelar, logrando que se le permitiera enfrentar el proceso en libertad con el uso de un dispositivo electrónico de localización, lo que ha generado inconformidad entre familiares y colectivos. El caso dio un giro reciente luego de que, el pasado viernes, la propia defensa desistiera de diversas pruebas dentro del proceso. Esta decisión alertó a la familia de la víctima y su representación legal, quienes temen que el tribunal pueda determinar una absolución por “insuficiencia probatoria”. Desde una perspectiva de género, el caso evidencia patrones recurrentes en la impartición de justicia en delitos contra mujeres: dilaciones prolongadas, cuestionamientos a las pruebas y decisiones judiciales que pueden favorecer a los imputados.
La familia cuestionó la determinación del juez Juan Carlos Malpica Aladro (derecha) / Redes sociales Organizaciones y especialistas han señalado que estos factores contribuyen a la impunidad en feminicidios y revictimizan a las familias. “La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino parte de un contexto estructural”, han insistido colectivos, al advertir que la falta de sentencias firmes y las medidas cautelares laxas envían un mensaje de permisividad. En este contexto, la familia de María Alejandra Galeazzi exige que el caso sea revisado con perspectiva de género, garantizando el acceso a la justicia, la valoración integral de las pruebas y evitando que tecnicismos legales deriven en la libertad del presunto feminicida. Advirtieron que el desenlace del proceso no solo impactará en este caso particular, sino que sentará un precedente sobre cómo se juzgan los feminicidios en el país.
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