La organización Greenpeace México exigió al gobierno federal aclarar el volumen del daño ambiental y definir responsabilidades institucionales tras el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, al advertir que la información oficial ha sido insuficiente frente a la magnitud del impacto. En su posicionamiento, la organización señaló que la admisión del origen del derrame ocurrió después de semanas de versiones contradictorias, por lo que insistió en la necesidad de transparentar cuánto hidrocarburo fue vertido, cuáles fueron las causas técnicas del incidente y qué instancias deberán asumir las consecuencias legales y ambientales. Greenpeace México sostuvo que el derrame afectó ecosistemas y comunidades costeras, donde la presencia de chapopote se extendió a lo largo del litoral sin que, acusó, existiera información oportuna para la población. Ante ello, demandó la implementación de un plan integral de restauración ambiental y medidas que garanticen la no repetición de este tipo de incidentes vinculados a la industria fósil. Asimismo, la organización reiteró su llamado a replantear la política energética nacional hacia fuentes renovables, al considerar que este tipo de incidentes evidencian los riesgos asociados a la explotación de petróleo, gas y fracking. Te puede interesar: Caen mandos de Pemex por ocultar desastre ambiental en el Golfo El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el derrame se originó en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras una investigación de un grupo interinstitucional. El incidente, registrado desde febrero de 2026, impactó más de 933 kilómetros de costas desde Tabasco hasta Tamaulipas. 
Las autoridades detallaron que el punto de origen se localizó en la zona de la plataforma Abkatún-Cantarell, en un ducto identificado como Old AK C, y que como parte de las acciones iniciales se determinó la separación de tres funcionarios de la empresa estatal. Mientras continúan las labores de contención y limpieza, la investigación sigue abierta para deslindar responsabilidades, en medio de las exigencias de organizaciones ambientales para que se garantice transparencia, reparación del daño y rendición de cuentas.
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