Organizaciones y comunidades de distintas regiones del país, incluidas agrupaciones de Puebla, exigieron la creación de un marco legal obligatorio que regule la actuación de empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente, con énfasis en los impactos asociados a Polos de Desarrollo y corredores industriales. El posicionamiento, difundido por la Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial para la Defensa de los Derechos Humanos (UMREDDH) y respaldado por la Alianza ALDEA, reúne a más de 150 comunidades, más de 80 organizaciones y grupos afectados de 15 estados. El documento está dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores, así como a la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las organizaciones señalan que los abusos empresariales en el país no corresponden a casos aislados, sino a una problemática sistemática, y ponen en el centro de la discusión la implementación de proyectos de inversión que, aseguran, se desarrollan sin procesos adecuados de consulta. Las firmantes cuestionaron la construcción de Polos de Desarrollo y corredores industriales, al señalar que estos proyectos —impulsados con capital nacional e internacional— se establecen en sus territorios sin consulta previa, libre e informada, y sin considerar sus formas de vida, organización comunitaria ni modelos de sustentabilidad. De acuerdo con el pronunciamiento, estos procesos se traducen en afectaciones ambientales, sociales y laborales, así como en conflictos territoriales. El documento también refirió impactos como daños a recursos naturales y culturales, afectaciones a la salud, desplazamiento, condiciones de marginación y violaciones a derechos laborales, sin que se haya garantizado acceso efectivo a la justicia ni reparación integral. Te puede interesar: "No a la recicladora": irrumpen manifestantes de San José Chiapa ante Sheinbau Ante este panorama, las organizaciones demandaron la aprobación de una legislación de debida diligencia empresarial obligatoria, que establezca responsabilidades para empresas matrices, filiales, contratistas y cadenas de suministro, a fin de identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos negativos. Asimismo, plantearon la necesidad de mecanismos de supervisión y sanción, garantizar la participación de comunidades y personas trabajadoras, y asegurar el respeto al derecho a la consulta, conforme a estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT. 
En el pronunciamiento se subrayó que la regulación empresarial puede contribuir a generar certeza jurídica y reducir conflictos, en el contexto de proyectos de inversión y desarrollo. Entre las organizaciones que participan desde Puebla se encuentran el Comité de Atención Ciudadana de la Zona Alta de Zacatlán, la Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl, Líderes Unidos La Palma A.C. y el Colectivo Guardianas y Guardianes de la Selva Maya, este último con presencia y trabajo en la región. Estas agrupaciones se suman al llamado nacional para fortalecer la protección de territorios, recursos naturales y derechos colectivos. El documento concluye con un llamado a que las actividades empresariales en el país se desarrollen bajo estándares que garanticen el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, en el marco de la actual administración federal. |