Miércoles 29 Abril 2026

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marco Orellana, advirtió que en México existen cerca de 50 zonas con altos niveles de contaminación, donde comunidades enteras viven expuestas a riesgos ambientales derivados de actividades industriales y del manejo de residuos peligrosos.

El especialista señaló que estos territorios son considerados “zonas de sacrificio”, ya que en ellos se compromete el derecho a un medio ambiente sano en favor de ciertas actividades económicas. Explicó que en estos espacios las poblaciones enfrentan impactos directos en su salud y calidad de vida.

Entre los factores que agravan esta situación, destacó el aumento en la importación de residuos, los cuales en algunos casos son utilizados como combustible en procesos industriales, así como la persistencia de impactos tóxicos en regiones industriales y extractivas. Como ejemplo, mencionó el caso de Yucatán, donde el crecimiento de granjas porcinas ha generado contaminación en los mantos acuíferos.

La expansión de granjas porcinas en el sureste del país ha incrementado la generación de residuos que impactan los mantos acuíferos y el entorno de comunidades cercanas.

En este sentido, el relator hizo un llamado a fortalecer la regulación ambiental, aplicar los principios de prevención y precaución, y garantizar que la evidencia científica sobre contaminación se traduzca en políticas públicas que protejan los derechos humanos. Aunque reconoció que el gobierno mexicano ha identificado algunas regiones como zonas de emergencia sanitaria y ambiental, subrayó que estas medidas deben derivar en acciones concretas de justicia ambiental.

En un segundo plano, Orellana detalló que durante su visita de 10 días a México recorrió entidades como Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Yucatán, además de conocer problemáticas en Coahuila, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí, donde sostuvo encuentros con comunidades, organizaciones y académicos.

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El relator documentó casos específicos de contaminación persistente en cuerpos de agua, como los ríos Atoyac, en Puebla y Tlaxcala; Lerma, en el Estado de México; Tula, en Hidalgo; y Grande de Santiago, en Jalisco, los cuales presentan altos niveles de tóxicos derivados de descargas industriales. Asimismo, señaló que continúa la deuda ambiental con las comunidades afectadas por el derrame ocurrido en el Río Sonora en 2014, donde aún se demandan obras de remediación y atención médica.

La cuenca del río Atoyac, entre Puebla y Tlaxcala, registra altos niveles de contaminación industrial, afectando el agua y la salud de las poblaciones aledañas.

En su informe, también mencionó la cancelación del proyecto de Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo, tras una consulta ciudadana en diciembre de 2025, derivada de la preocupación por la alta concentración industrial en la región. Indicó que, para su reubicación anunciada en el estado de Puebla, será necesario garantizar el acceso a la información, la participación comunitaria y la realización de estudios ambientales.

Finalmente, Orellana reiteró la necesidad de que México avance en la atención de la contaminación ambiental como un tema prioritario de derechos humanos.