Periodistas y personas defensoras de derechos humanos alertaron que en América Latina avanza una estrategia sistemática para silenciar a la prensa mediante vigilancia, acoso judicial, exilio y campañas de desprestigio, lo que ya provoca vacíos informativos en distintas regiones y debilita la rendición de cuentas en los países de la región. En la conferencia Periodismo frente al silencio, periodistas y defensores de derechos humanos señalaron que preocupa el uso de las leyes para callar y castigar a periodistas mediante demandas civiles y penales. Llamaron a la colaboración y a difundir el valor del periodismo como servicio público. La censura y el silenciamiento contra la prensa en América Latina están creando vacíos informativos en territorios enteros, avanzando de forma progresiva a través de la vigilancia, la estigmatización, la asfixia económica, el exilio y el acoso judicial, que ya no solo implica demandas civiles, sino también penales. Te puede interesar: Puebla, entre los estados más violentos para ejercer el periodismo: Artículo 19 Durante el diálogo Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia, en la conferencia regional Periodismo frente al silencio, periodistas y defensores de la libertad de prensa coincidieron en que la región vive un retroceso democrático acelerado y que el silenciamiento de la prensa se configura como una política cada vez más articulada desde estructuras de poder formales y fácticas. José Carlos Zamora, director regional para las Américas del Comité de Protección para Periodistas (CPJ), advirtió que en América Latina el silenciamiento se ha vuelto “sistémico y cada vez más sofisticado” y explicó que uno de los cambios más preocupantes ha sido el incremento en el uso de las leyes para castigar a periodistas. En el panel moderado por la periodista Olivia Zerón, de Animal Político, Zamora explicó que antes se utilizaba principalmente el derecho civil, por ejemplo con acusaciones de difamación, pero ahora el recurso ha escalado al derecho penal, con imputaciones como lavado de dinero, traición a la patria o terrorismo. Explicó que con ello la credibilidad del periodista es afectada y, además, permite a los acusadores iniciar procesos, dictar prisión preventiva y detener arbitrariamente a periodistas, y en consecuencia, silenciar a la prensa.
Agregó que el silencio se ha convertido en política de Estado en varios países de la región, de tal forma que los estados represivos han construido verdaderas estructuras de control y siguen un “nuevo manual” que se adapta a las condiciones de cada país, “sin que nosotros (periodistas y medios) logremos combatirlo con un manual”. 
Por su parte, Guillermo Medrano, director ejecutivo de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), afirmó que su país de nacimiento, Nicaragua, se ha convertido en un “laboratorio de malas prácticas” en materia de represión contra la prensa y las libertades cívicas. Señaló que el cierre del espacio cívico avanza al punto de impedir el ejercicio efectivo de derechos humanos fundamentales y ha dejado a amplias zonas del país sin cobertura periodística independiente. Medrano explicó que en Nicaragua la prensa ha sido desplazada del territorio y que el exilio ha sido la única salida para cientos de periodistas. Aun así, expuso que el periodismo independiente ha encontrado formas de resistir y reorganizarse desde fuera del país, mediante alianzas, trabajo colaborativo y redes de apoyo.
También puedes leer: Bullet Machine, cortometraje que expone riesgo mortal para periodistas en México En el caso de México, Adrián López, director del diario Noroeste de Sinaloa, enfatizó el impacto del silenciamiento sobre la credibilidad de medios y periodistas. Alertó que cuando esa credibilidad se erosiona, resulta mucho más difícil que la sociedad acompañe al periodismo, crea en sus hallazgos o lo defienda frente a los abusos del poder.
López advirtió además que otro efecto del silenciamiento es el vacío del espacio público para preguntar, contrastar y exigir rendición de cuentas. Expuso que ante la crisis que se vive en Sinaloa, que en 20 meses se ha traducido en miles de muertes y desapariciones, el gobierno ha creado una estrategia que “no tiene que ver con negar la realidad, sino con simplemente ignorarla”, explicó. Ahondó en que, tras dejar de contestar preguntas y de realizar ruedas de prensa, posteriormente se redujeron todos los caminos posibles para el escrutinio y la rendición de cuentas: “Y entonces los periodistas no podemos preguntar porque ni siquiera existe el espacio para hacerlo”. 
Redes de colaboración ante el exilioÓscar Martínez, periodista de El Faro, de El Salvador, quien vive en el exilio, recordó que decenas de periodistas salvadoreños se enfrentan a campañas de difamación, amenazas, hostigamiento, intentos de encarcelamiento y desplazamiento forzado. Ante el hecho de que amplios sectores sociales no reaccionen cuando el poder persigue a la prensa, consideró que muchas sociedades de la región no perciben al periodismo como una herramienta propia e indispensable para la vida democrática. Como consecuencia, destacó que a los liderazgos autoritarios les resulta fácil convencer a la población de que la prensa es un estorbo, una enemiga o una pieza prescindible. En el caso salvadoreño, afirmó, ese terreno ha sido aprovechado por el gobierno de Nayib Bukele para presentar a la prensa crítica como aliada de criminales o enemiga del desarrollo. Ante ese escenario complejo, José Carlos Zamora insistió en la necesidad de fortalecer la colaboración transnacional y crear redes de apoyo tanto para publicar como para sostener a periodistas en contextos de exilio. Subrayó que el periodismo en red ayuda a diluir riesgos y que hoy es indispensable contar con protocolos de seguridad física, mental, tecnológica y legal. También llamó a hacer un esfuerzo más deliberado por explicar a la sociedad qué es el periodismo, cómo se realiza y por qué tiene valor público.
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