La falta de activación del Protocolo Alba, rezagos en la investigación de desapariciones, deficiencias forenses y omisiones en casos de personas desaparecidas son parte de las irregularidades detectadas en Puebla por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional publicó el informe “Desaparición de Personas en México”, en el que analiza las políticas implementadas por el Estado mexicano desde 2018 para enfrentar la crisis de desapariciones y documenta las principales problemáticas que persisten en varias entidades, entre ellas Puebla. Te puede interesar: CIDH reporta que 24 de 33 personas defensoras LGBTI asesinadas eran mujeres trans El informe señala que, a junio de 2025, México acumuló más de 128 mil personas desaparecidas y alrededor de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. La CIDH sostiene que la mayoría de las desapariciones están vinculadas al crimen organizado, aunque advierte que persisten casos de desaparición forzada con presunta participación de autoridades. En el caso de Puebla, el organismo destaca que, hasta agosto de 2025, había registro de 617 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, de los cuales 382 corresponden a niñas y adolescentes mujeres. Además, ubica a la entidad entre las cinco con más desapariciones de personas LGBTIQ+, junto con Jalisco, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. La CIDH también identifica a Puebla como una de las 18 entidades con mayor riesgo de reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado.
CIDH destaca casos de omisión por parte de las autoridadesEl reporte retoma el caso de Alexis Sánchez Cabanzo, un niño indígena de 3 años desaparecido desde el 2 de diciembre de 2021 en Zoquitlán, en la Sierra Negra. De acuerdo con el órgano autónomo, la familia denunció actos de intimidación durante las entrevistas ministeriales realizadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). Además, señaló que el boletín de búsqueda no fue difundido inicialmente en náhuatl y que tampoco existió coordinación con la comunidad para apoyar en las labores de localización.
También menciona el caso de Tomás Pérez Francisco, defensor indígena desaparecido en Pantepec en 1990. La CIDH indicó que las investigaciones omitieron considerar su labor ambientalista y posibles vínculos de la entonces Policía Judicial estatal. Entre los principales rezagos, el informe señala que en Puebla no se ha integrado el Comité Técnico del Protocolo Alba, por lo que el mecanismo no habría sido activado. Este sistema es oficial y sirve para la búsqueda y localización urgente de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas. La CIDH también advirtió problemas en la trazabilidad de cuerpos en fosas comunes, falta de personal en servicios forenses y subejercicio de recursos públicos. En 2022, la comisión local de búsqueda reintegró a la federación más del 50 por ciento del presupuesto destinado a acciones de localización.
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