El desplazamiento interno forzado en México dejó al menos 15 mil 795 personas desplazadas durante 2025, de acuerdo con el informe “Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana. El estudio documentó 73 eventos de desplazamiento en 11 estados del país y señaló que el 83 por ciento de los casos estuvo relacionado con violencia vinculada a la criminalidad organizada. Las entidades con mayor concentración de eventos fueron Sinaloa, con el 39.2 por ciento; Chihuahua, con el 28.4 por ciento; y Michoacán, con el 21.3 por ciento. Durante la presentación del informe, las investigadoras Agnes Jiménez, Suelem Luna y Janette Carrillo advirtieron sobre el incremento en el uso de explosivos, drones y minas antipersona, prácticas que, señalaron, han agravado el impacto humanitario del desplazamiento y dificultado el retorno seguro de las comunidades afectadas. 
Explicaron que el documento fue elaborado a partir de un monitoreo nacional de medios de comunicación y busca aportar evidencia para el diseño de políticas públicas y respuestas institucionales frente al fenómeno del desplazamiento interno. Las especialistas indicaron que muchas familias abandonan sus hogares de manera repentina para proteger su integridad física ante amenazas directas, enfrentamientos armados y disputas por el control territorial entre grupos criminales. El informe también identificó nuevas dinámicas de violencia asociadas al uso de tecnología y artefactos explosivos, lo que ha generado afectaciones prolongadas en las comunidades de origen, incluyendo impactos en actividades económicas, educativas y sociales. Te puede interesar: Comunidades de Puebla denuncian contaminación, enfermedades y omisiones por operación de basureros Además, el análisis expuso que el fenómeno continúa expandiéndose territorialmente y afecta derechos fundamentales como la seguridad, vivienda, salud y el acceso a medios de vida. Durante el evento se reconoció como un avance la incorporación de una pregunta sobre desplazamiento interno en la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aunque las investigadoras señalaron que persisten desafíos institucionales para atender esta problemática. Entre ellos mencionaron la necesidad de crear una ley general sobre desplazamiento interno, establecer un registro nacional articulado y fortalecer mecanismos de prevención, atención y reparación integral para las personas desplazadas. En la presentación participaron también Daniel Macguire, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados; Flor Estela Morales Hernández, titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca; e Iris Martínez Cepeda, defensora de derechos humanos y personas desplazadas de San Juan Copala, Oaxaca. Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre municipios, estados y federación para garantizar respuestas integrales y soluciones de largo plazo ante el desplazamiento interno en México. |