Lunes 25 Mayo 2026

Han pasado más de 12 años desde el asesinato de Araceli Vázquez Barranco, pero para su madre, Amada Barranco, el dolor y el proceso judicial continúan abiertos.

Cada audiencia, cada notificación y cada trámite la obligan a revivir el feminicidio de su hija, ocurrido en noviembre de 2013, presuntamente cometido por su expareja, Javier Mauricio Díaz, quien —según sostiene la familia— ya la había acosado y perseguido antes del crimen.

Durante años el caso avanzó sin una resolución definitiva hasta que en 2024 el presunto responsable fue detenido y recibió una primera sentencia por el delito de feminicidio.

Sin embargo, posteriormente un Tribunal de Apelación en Puebla reclasificó el delito a homicidio, reduciendo la pena impuesta a 27 años y seis meses de prisión.

Para Amada Barranco, esa decisión significó volver a enfrentar un proceso que, afirma, ha puesto en duda el contexto de violencia que antecedió al asesinato de su hija.

De acuerdo con su testimonio, durante la etapa de apelación tuvo que someterse nuevamente a entrevistas, estudios y argumentaciones donde —denuncia— se intentó desacreditar el contexto de violencia de género.

Entre los razonamientos cuestionados dentro del proceso, señaló referencias como que Araceli:

  • No era depresiva
  • No era maltratada
  • Que el acoso previo “había sido en pocas ocasiones

Especialistas en derechos de las mujeres y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido que el análisis del feminicidio no se limita a un patrón único de violencia visible o prolongada.

También debe considerar elementos como:

  • Relaciones de poder
  • Antecedentes de acoso
  • Amenazas
  • Circunstancias del crimen
  • Contexto integral de violencia de género

Organismos especializados también han advertido que exigir perfiles estereotipados para acreditar un feminicidio puede derivar en revictimización institucional.

Además del duelo por Araceli, Amada Barranco también enfrentó la pérdida de otra de sus hijas por enfermedad.

Actualmente cuida a sus nietos, quienes quedaron en situación de orfandad.

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Pese a las dificultades económicas, físicas y emocionales, continúa trasladándose entre municipios para recibir notificaciones y seguir un proceso judicial que —afirma— la obliga una y otra vez a narrar el asesinato de su hija.

Su exigencia ya no es únicamente una sentencia.

También reclama que las muertes violentas contra mujeres no sean minimizadas y que las familias no tengan que cargar con el peso de demostrar repetidamente el contexto de violencia que ya transformó sus vidas.

Para Amada Barranco, el caso de Araceli no terminó aquella noche de noviembre de 2013.