El 30 de junio de 2026 vence en México el plazo para que los usuarios registren sus líneas celulares en el padrón de telefonía móvil. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció que cada número debe vincularse con la CURP y una identificación oficial, sin importar la compañía de servicio. Aunque el gobierno federal sostiene que la medida busca frenar la extorsión, especialistas en ciberseguridad y derechos digitales advierten que el registro no garantiza la disminución de delitos como fraudes, clonaciones o suplantación de identidad. Señalan que en otros países donde se han implementado mecanismos similares no existen pruebas de efectividad, y en cambio se han observado fenómenos como el mercado ilegal de tarjetas SIM, el robo de teléfonos móviles y la clonación de líneas. 
De acuerdo con la CRT, hasta el 19 de abril se habían registrado 30.2 millones de líneas de un total de 158 millones activas, lo que representa apenas el 19.11 % de avance a poco más de dos meses de la fecha límite. El rezago anticipa la cancelación masiva de servicios y posibles pérdidas económicas para las compañías de telecomunicaciones. Te puede interesar: ¡Se acaba el tiempo! Más de 130 millones de líneas telefónicas siguen sin registrar Especialistas como Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, advierten que el proceso carece de transparencia y ha generado desconfianza entre los usuarios, quienes desconocen cómo se aplicará la suspensión de líneas. Existe el riesgo de que las plataformas de las compañías colapsen por la saturación si millones de personas intentan registrarse en los últimos días. Además, la medida implica un costo millonario para empresas como Telcel y AT&T, que tendrían que cancelar y posteriormente reactivar líneas, afectando tanto a usuarios como a operadores. Los especialistas coinciden en que el registro obligatorio no ofrece una alternativa real y que su principal efecto será la desanonimización de la actividad cotidiana de los usuarios, más que la reducción de delitos.
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