A 17 años del incendio en la Guardería ABC, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los delitos vinculados con la tragedia son imprescriptibles, al reconocer que se trata de graves violaciones a derechos humanos de la infancia, lo que mantiene abierta la vía para continuar con las investigaciones y procesos penales derivados del caso. La resolución del Pleno se dio al analizar un recurso promovido por una persona imputada por homicidio y lesiones culposas, quien sostuvo que la acción penal había prescrito debido al carácter no intencional de las conductas atribuidas. Sin embargo, la Corte concluyó que en casos donde existen omisiones atribuibles a autoridades del Estado y afectaciones graves a derechos fundamentales, como la vida, la salud y la integridad de niñas y niños, no opera la prescripción. El máximo tribunal determinó que lo relevante no es la clasificación de las conductas como dolosas o culposas, sino la magnitud del daño y sus consecuencias, por lo que la acción penal por comisión por omisión debe considerarse imprescriptible en concordancia con el derecho internacional y la jurisprudencia interamericana. La SCJN recordó que tanto la Facultad de Investigación 1/2009 como los informes de la CNDH documentaron múltiples omisiones de autoridades de distintos niveles de gobierno que contribuyeron al siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio en una bodega contigua del gobierno estatal se propagó a la estancia infantil subrogada por el IMSS. 
El incendio dejó un saldo de 49 niñas y niños fallecidos y 104 personas lesionadas, además de evidenciar fallas graves en materia de protección civil, como la ausencia de detectores de humo, rutas de evacuación adecuadas, salidas de emergencia suficientes y sistemas contra incendios funcionales. Te puede interesar: Aprehende FGR a Sandra Lucía Téllez, dueña de la Guardería ABC Con la resolución, el expediente será devuelto al tribunal colegiado correspondiente para que revise la legalidad del auto de vinculación a proceso y determine la eventual responsabilidad penal de la persona imputada bajo el criterio de que los delitos no han prescrito. Tras conocerse la decisión, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el fallo al señalar que fortalece el acceso a la justicia y el combate a la impunidad, al impedir que el paso del tiempo cierre la posibilidad de investigar y sancionar responsabilidades en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México.
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