Escuela de Romero Vargas ignoró años de presunto abuso contra un menor

La asesora jurídica Alma Cecilia Flores denunció públicamente un presunto caso de abuso sexual, violencia física y negligencia institucional en la primaria Nezahualcoyotl, ubicada en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en el municipio de Puebla.

Señaló que un menor de sexto grado habría sido víctima durante varios años de acoso por parte de un compañero de salón sin que las autoridades escolares aplicaran medidas efectivas para protegerlo.

En entrevista con El Popular, periodismo con causa, la representante legal de Maribel, como llamaremos a la madre del niño afectado, explicó que los antecedentes del caso se remontan a cuarto y quinto grado de primaria, cuando el presunto agresor comenzó a realizar tocamientos constantes y expresiones de connotación sexual contra la víctima.

Relató que los docentes justificaron la conducta argumentando que se trataba de un "niño especial" y recomendaban al menor mantenerse alejado de él.

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De acuerdo con la denuncia, el episodio más grave ocurrió el 11 de febrero. La asesora jurídica afirmó que el presunto agresor intentó nuevamente tocar los genitales del niño y, al ser rechazado, lo golpeó dentro del salón de clases mientras la maestra presuntamente se encontraba fuera del aula.

“Ella [la maestra] dice que supuestamente cuando ocurrió esta riña fue al sanitario, pero no es así, porque el menor le dijo a su mamá que estaba platicando con otra maestra en el pasillo, que ya tenían un buen rato platicando. Sabemos que suele ausentarse del salón. El menor agredido dijo que ya había salido a decirle a su maestra que el otro niño lo estaba agrediendo, porque le estaba picando las pompas con un lápiz (…). Después le quiere agarrar el pene y como le dice que no y le quita la mano, es como las cosas empiezan”, relató la representante jurídica.

Tras la agresión, indicó que la escuela intentó modificar la versión de los hechos para que las lesiones fueran registradas como un accidente y así pudiera intervenir el seguro escolar. La madre rechazó firmar documentos con esa versión y optó por llevar al menor a un médico particular para realizar estudios.

“Y pues resulta que tienen que cambiar todas las versiones en actas para que procediera la hospitalización, porque el seguro no cubría riñas, a lo que la mamá le recibe el documento, pero le dice ‘es que, si cambiamos las versiones, entonces eso quiere decir que el niño nunca le dijo lo que pasó’, y la profesora le respondió ‘sí, señora, nosotros lo sabemos, pero además son menores, son niños’. Además, responsabilizó al menor agredido por lo ocurrido y le dijo que su hijo lo había ocasionado, porque ya le habían pedido que se mantenga alejado del niño (…). El menor ya le había comentado que el agresor utiliza frases como, ‘Te voy a cog** por el cu**’ o ‘Te voy a llevar al baño y te voy a enseñar lo que es ser hombre’, cosas así, expresiones así”, detalló.

Autoridades educativas minimizaron las agresiones

Alma Cecilia Flores también sostuvo que, posteriormente, autoridades educativas señalaron que no existían expedientes o reportes relacionados con el caso y cuestionaron la veracidad de la denuncia. Incluso, aseguró que un funcionario del área de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que la madre "solo quiere buscar problemas" porque el ciclo escolar estaba por concluir y que "ya no se puede lograr nada".

La madre del menor también buscó la intervención de la supervisión escolar; sin embargo, según la representación jurídica, el encargado de zona respondió que la autoridad educativa no podía garantizar la seguridad del estudiante dentro del plantel ni en su futura incorporación a otra escuela, en especial porque podrían volver a coincidir en la Secundaria Técnica 52.

“Ella le dice ‘pues garantícenme que mi hijo se va a reincorporar a la escuela y no va a volver a sufrir algún tipo de abuso o violación’, pero el encargado de la zona le dijo que eso no se lo podían garantizar, porque no era guardería y que ella tenía que hacer fuerte a su hijo y educarlo para que eso no sucediera. Porque si ella lo metía en la Técnica 52, ese niño seguramente iba a ir a esa escuela y si algo este llegaba a pasar o de verdad lograba su objetivo, iba a ser responsabilidad de ella y de su hijo porque no lo enseñó a defenderse”, lamentó la asesora jurídica.

La abogada también acusó que la docente responsable de ambos menores organizó una reunión con padres de familia donde expuso a la madre del alumno, lo que derivó en amenazas e intentos de agresión en su contra.

Víctima lleva meses sin clases y no asistió a su graduación

Desde el 11 de febrero y hasta el final del ciclo escolar, el menor dejó de asistir a clases por temor a nuevas agresiones, al considerar que no existían condiciones para garantizar su seguridad.

Durante ese periodo, el alumno no recibió guías de estudio, materiales académicos ni acompañamiento pedagógico para continuar con su aprendizaje desde casa.

En lugar de implementar un mecanismo para asegurar su derecho a la educación, la dirección del plantel le informó que se le asignaría la misma calificación obtenida en el trimestre anterior para que pudiera concluir la primaria.

Como consecuencia, el estudiante permaneció fuera de las aulas hasta el cierre del ciclo escolar y no se le permitió asistir a su ceremonia de graduación, situación que fue calificada como “inhumana” por Alma Cecilia. Actualmente, el menor recibe atención psicológica para atender las secuelas derivadas de las presuntas agresiones y del proceso que enfrentó junto con su familia.

La representante legal resaltó que mantiene oficios y denuncias presentadas ante las áreas correspondientes de la SEP Puebla para que se investigue la actuación del personal docente, directivo y de supervisión involucrado en el caso.

Asimismo, la familia promovió el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), que emitió medidas de protección para el menor. Sin embargo, la asesora jurídica afirmó que dichas medidas son inoperantes, ya que no identifican de manera específica a las personas obligadas a mantener distancia del niño.

Explicó que el documento no establece nombres de servidores públicos, docentes o del presunto agresor, por lo que, a su consideración, resulta complicado exigir su cumplimiento o sancionar un eventual incumplimiento, situación que también pidió que se revise.

¿Qué dice la psicología de este tipo de situaciones?

Ante este tipo de casos, el psicólogo Miguel Ángel Ruiz de Jesús, explicó que las conductas de acoso o abuso sexual entre niñas, niños y adolescentes suelen ser un indicador de que existe una problemática de fondo y no responden únicamente a la curiosidad propia de la infancia.

El especialista señaló que, en términos generales, cuando algunos menores presentan conductas reiteradas de carácter sexual hacia otros niños, estas pueden ser un reflejo de experiencias de abuso o violencia que ellos mismos han vivido o de conductas aprendidas que posteriormente reproducen.

Agregó que, cuando estos comportamientos incluyen amenazas, agresiones físicas o actos de sometimiento, es importante que las autoridades competentes investiguen el entorno de los menores involucrados para descartar posibles situaciones de violencia.

Asimismo, advirtió que otro factor de riesgo es el acceso sin supervisión a teléfonos celulares e internet, ya que niñas, niños y adolescentes pueden estar expuestos a contenido pornográfico o material sexual inapropiado para su edad, el cual no cuentan con la madurez suficiente para comprender.

Explicó que este tipo de contenidos puede reforzar estereotipos y normalizar prácticas violentas o relaciones de poder que algunos menores terminan replicando en sus interacciones.

El psicólogo también destacó la importancia de escuchar y dar credibilidad a los testimonios de niñas, niños y adolescentes cuando reportan situaciones de violencia o abuso. Indicó que, debido a su etapa de desarrollo, difícilmente describen conductas de naturaleza sexual sin haber tenido algún tipo de exposición previa, por lo que consideró indispensable que cualquier señal sea atendida e investigada con oportunidad.

De igual forma, subrayó la necesidad de fortalecer la educación sexual integral en las escuelas, con contenidos adecuados para cada etapa del desarrollo, a fin de que las y los estudiantes puedan reconocer conductas inapropiadas, comprender los límites sobre su propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo y saber a quién acudir para pedir ayuda.

Finalmente, explicó que el derecho a la educación de las personas menores de edad representa un desafío para las instituciones educativas, ya que el marco legal limita la posibilidad de separar de manera inmediata de un plantel a estudiantes involucrados en este tipo de conductas.

En ese contexto, señaló que, en diversas ocasiones, son las familias de las víctimas quienes optan por cambiar a sus hijas o hijos de escuela para proteger su integridad mientras las autoridades determinan las medidas correspondientes.