La Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio exigió el cierre total de los procesos judiciales contra Renato Romero y Pascual Bermúdez, defensores del agua y del territorio en Xoxtla y San José Chiapa, al tiempo que denunció un presunto acto de hostigamiento e intimidación durante la audiencia judicial que enfrentaron en Puebla. A través de un pronunciamiento, la organización alertó sobre la presencia de un grupo de más de 100 personas en las inmediaciones del Poder Judicial de la Federación en Puebla, donde se desarrolló la audiencia de los defensores, a quienes calificó como personas criminalizadas por su labor en defensa del agua y el territorio. La Asamblea aseguró que varias de las personas que integraban el grupo tenían apariencia de policías vestidos de civil y presuntamente portaban armas blancas y palos, además de pancartas con mensajes contra Renato Romero y en respaldo a proyectos impulsados por autoridades. 
De acuerdo con la denuncia, el grupo habría llegado a la zona acompañado por elementos de la policía estatal y, según la organización, fue utilizado para amedrentar a los defensores y a los pueblos y colectivos que acudieron a acompañarlos durante la audiencia y exigir su libertad. La Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio sostuvo que estos hechos se suman a acciones de amenazas, acoso, represión y criminalización contra comunidades y personas que se oponen a proyectos que consideran perjudiciales para el medio ambiente y que ponen en riesgo el agua, la vida y el territorio. Como antecedente, recordó la presencia de fuerzas policiales en San José Chiapa, donde comunidades rechazan la instalación de un megaproyecto, así como agresiones y campañas de desprestigio contra personas que han participado en movilizaciones en defensa del territorio. Te puede interesar: SOAPAP y Agua de Puebla extraen 1000% de agua en Xoxtla sin autorización La organización también afirmó que los grupos de choque y otras formas de intimidación forman parte de una estrategia para frenar la organización comunitaria y debilitar la oposición a proyectos que, desde su perspectiva, implican despojo, contaminación, sobreexplotación y saqueo del agua. Ante este escenario, exigió el cierre de los procesos judiciales que enfrentan Renato Romero y Pascual Bermúdez, así como garantías para proteger su integridad física y psicológica, al considerar que se encuentran en una situación de riesgo por las amenazas y el hostigamiento denunciados. La Asamblea responsabilizó a las autoridades por cualquier agresión que pudiera ocurrir contra los defensores y llamó a pueblos, organizaciones, colectivos e individuos a mantenerse atentos y pronunciarse frente a lo que calificó como un recrudecimiento de la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio. “Hoy la guerra de exterminio se recrudece”, sostuvo la organización, que convocó a mantener la unidad y la organización comunitaria para enfrentar los actos de intimidación, criminalización y despojo contra los pueblos. |