ARTICLE 19 México y Centroamérica cuestionó el monitoreo y la clasificación de la conversación pública en redes sociales realizado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y advirtió que este tipo de ejercicios pueden generar estigmatización, violencia digital y efectos inhibitorios contra periodistas y medios de comunicación. En un posicionamiento, con fecha del 16 de agosto, la organización se refirió al espacio “Derecho de Réplica”, conducido por la titular de la CJEF, Luisa María Alcalde Luján, quien el pasado 12 de agosto presentó un análisis sobre una supuesta “red de amplificación digital” integrada, según el documento, por periodistas, comentaristas, analistas políticos, opositores al gobierno y presuntas cuentas anónimas. Te puede interesar: Próximo relator de la ONU ve excesos en proyecto sobre derechos de las audiencias ARTICLE 19 señaló que durante la presentación se afirmó que la supuesta red “evidentemente está bien coordinada” y que estaría conformada por cuatro “capas” con distintas funciones. Sin embargo, cuestionó que no se explicara la metodología técnica ni los criterios empleados para determinar que existe una acción organizada entre las cuentas señaladas. La organización sostuvo que, aunque el espacio “Derecho de Réplica” se presenta como una herramienta para combatir la desinformación y proteger el derecho de la sociedad a recibir información, el Estado debe recurrir a la transparencia, el acceso a información plural y el fortalecimiento del debate público, en lugar de mecanismos de censura o restricciones ambiguas. ARTICLE 19 advirtió que señalar públicamente a periodistas y medios puede contribuir a un ambiente de hostilidad e intolerancia y provocar que algunas personas decidan limitar su participación en el debate público por temor a ser exhibidas o atacadas desde una plataforma gubernamental. La organización agregó que, durante las 48 horas posteriores a la difusión de las listas, aumentaron los mensajes intimidantes contra periodistas y medios mencionados, incluidos señalamientos mediante hashtags como #PrensaVendida, #ChayoteroMercenario y #MediosSicarios. También destacó el impacto diferenciado que este tipo de agresiones tiene sobre las mujeres periodistas y mencionó el caso de Carmen Aristegui, quien ha recibido insultos y publicaciones con contenido sexista. De acuerdo con información de la UNESCO citada por ARTICLE 19, casi 73 por ciento de las mujeres periodistas encuestadas señaló haber experimentado violencia en línea durante el ejercicio de su trabajo. La organización recordó que desde 2021, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había llamado al Estado mexicano a reconsiderar la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, al advertir sobre el riesgo de estigmatización desde un espacio con la autoridad del Estado. La organización también sostuvo que las expresiones relacionadas con asuntos de interés público y las críticas dirigidas a funcionarios e instituciones tienen una protección reforzada dentro del derecho a la libertad de expresión. Por ello, consideró que el Estado debe mantener una posición neutral frente al debate público. En este contexto, la organización cuestionó que la CJEF utilice recursos y capacidades institucionales para monitorear, clasificar y calificar contenidos difundidos en internet, particularmente aquellos críticos del gobierno. Además, señaló que el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones de la Consejería Jurídica, relacionadas principalmente con asesoría y apoyo técnico-jurídico a la Presidencia, así como con proyectos de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y otros asuntos jurídicos. Como antecedente, ARTICLE 19 recordó que en 2023 documentó que, de 34 declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador analizadas en conferencias matutinas, en 58.8 por ciento no se presentó información suficiente para comprobar su veracidad o falsedad, mientras que en 26.5 por ciento se corroboró que la declaración era falsa. La organización también mencionó el caso reciente del investigador Ignacio Gómez Villaseñor, quien obtuvo un amparo contra Infodemia MX y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) por publicaciones que lo señalaban por difundir información falsa. ARTICLE 19 concluyó que ampliar las facultades del Estado para monitorear y calificar el discurso público sin transparentar las metodologías ni la evidencia utilizada puede generar autocensura y efectos inhibitorios en internet, además de alejarse de los principios relacionados con una sociedad democrática.
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