El Congreso Nacional Indígena (CNI) rechazó la Propuesta de Iniciativa de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y operada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al calificar tanto su contenido como el proceso de consulta como un “simulacro” y una continuidad de las políticas de despojo contra los pueblos originarios. En un posicionamiento, el CNI cuestionó que una propuesta de 453 artículos, que aborda autonomía, libre determinación, jurisdicción, territorio, patrimonio y reconocimiento como sujetos de derecho público, pueda ser analizada en reuniones de apenas tres a cinco horas. La organización sostuvo que, pese al reconocimiento formal de derechos, la iniciativa “da continuidad al proyecto neoliberal de despojar y privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas”, en una lógica que relacionó con la reforma al artículo 27 constitucional de 1992. Entre sus principales críticas, señaló que el ejercicio de derechos quedaría condicionado al registro de pueblos y comunidades en un catálogo controlado por el INPI. Aunque la propuesta contempla la autoadscripción, el CNI advirtió que el instituto podría obstaculizar o rechazar registros, lo que, a su juicio, limitaría la autonomía. El Consejo acusó que este esquema permitiría otorgar “seguridad jurídica” a empresas trasnacionales para sus megaproyectos, mientras los pueblos quedarían con capacidades limitadas para defender sus territorios. También cuestionó el supuesto pluralismo jurídico, pues aunque se reconoce la aplicación de sistemas normativos indígenas, los conflictos de competencia terminarían bajo decisión del Estado, particularmente del INPI y la Secretaría de Gobernación. 
Otro de los puntos centrales es la exclusión de una verdadera autodeterminación sobre agua, petróleo, fracking, litio y minerales. El CNI sostuvo que los pueblos podrían ser consultados, pero no tendrían capacidad efectiva para decidir si determinados proyectos se realizan en sus territorios. “Es un trato racista y criminal de los recursos naturales”, acusó. Sobre la consulta programada para agosto y septiembre, el organismo la calificó de “simulación”, al considerar insuficientes los tiempos para discutir, traducir y sistematizar una legislación de esa magnitud, especialmente ante la fecha prevista para presentar la iniciativa al Congreso, el 12 de octubre. El CNI comparó el proceso con las consultas realizadas por proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la refinería de Dos Bocas, que calificó como ejemplos de mecanismos sin participación indígena efectiva. Te puede interesar: Cuatro regiones de Puebla definirán propuestas para nueva ley de derechos indígenas Ante ello, exigió rechazar la iniciativa y cancelar la consulta, además de detener el hostigamiento y la represión contra pueblos que resisten proyectos en sus territorios. También demandó la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo, al advertir que la existencia de presos políticos indígenas contradice cualquier consulta libre y de buena fe.
El posicionamiento concluyó con un llamado a la “reconstitución integral de nuestros pueblos” y el lema “Nunca más un México sin nosotros”. El CNI recordó que surgió hace tres décadas a partir de la convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los Acuerdos de San Andrés. Para la organización, la nueva propuesta mantiene una deuda histórica del Estado mexicano y corre el riesgo de convertir el reconocimiento formal de derechos en un mecanismo que, en los hechos, limite la autonomía y facilite el avance de megaproyectos sobre territorios indígenas. |