A seis años del periodo de referencia de la medición más reciente, la violencia obstétrica continúa afectando a una de cada tres mujeres en México, pese a que 29 entidades federativas ya la reconocen en sus marcos legales. El informe La violencia obstétrica en tres dimensiones: datos, voces y prácticas, elaborado por GIRE, el Uehiro Institute de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que 31.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 experimentó alguna forma de violencia obstétrica. La proporción apenas disminuyó respecto al 33.4% registrado entre 2011 y 2016. El estudio documentó tratos ofensivos, procedimientos sin consentimiento, negligencia médica y presión para utilizar anticonceptivos o someterse a esterilizaciones. Esta última práctica incluso aumentó de 27.7% a 31.5% entre ambos periodos. 
Asimismo, el uniforme reveló que el 43.9% de las mujeres con discapacidad la experimentó, frente a 30.4% de quienes no tenían discapacidad. Entre adolescentes de 15 a 19 años con discapacidad, la incidencia llegó a 55.4%, la más alta entre los grupos analizados. El IMSS registró la mayor proporción, con 39.8%, mientras que en el sector privado fue de 15.1%. La incidencia también fue mayor entre mujeres sin pareja, con 38.57%, y entre los sectores de menores ingresos, donde rondó 35%, frente a 18.4% entre los de mayores ingresos. Te puede interesar: CNDH acusa violencia obstétrica tras muerte de mujer indígena en Puebla Otro indicador es el aumento de las cesáreas, que pasaron de 42.8% de los partos entre 2011 y 2016 a 47.4% entre 2016 y 2021. Para 2021 alcanzaron 49.1%, por encima del rango de 10 a 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El análisis de 64 casos de violencia obstétrica y 12 de muerte materna mostró que las fallas trascienden las decisiones individuales y están vinculadas con problemas institucionales. En los casos de mujeres indígenas, 100% enfrentó una respuesta clínica tardía y 88% tuvo que ser trasladada por falta de infraestructura. En los casos de muerte materna, 75% presentó infraestructura insuficiente, 67% valoración inadecuada del riesgo y 58% respuesta clínica tardía. 
Profesionales de la salud identificaron entre las causas la sobrecarga laboral, falta de capacitación, agotamiento, jerarquías médicas, escasez de recursos y ausencia de mecanismos para evaluar la calidad de la atención. El informe advierte que la penalización por sí sola resulta insuficiente y plantea fortalecer la prevención, el consentimiento informado, la capacitación, la infraestructura y los protocolos de atención, así como evaluar la calidad de los servicios a partir también de la experiencia de las usuarias. Para mujeres indígenas y con discapacidad propone medidas específicas, como intérpretes, personal con competencia intercultural, parteras interculturales y mecanismos de consentimiento adaptados.
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