A 36 años de la desaparición de Tomás Pérez Francisco, su familia y organizaciones que acompañan el caso exigieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) retomar las diligencias pendientes y evitar que la investigación se cierre bajo el argumento de que el delito estaría prescrito. Además, en la última mesa de trabajo, realizada el 7 de julio, la Fiscalía planteó que no se ha acreditado la participación de agentes estatales. Te puede interesar: México Negro interpone amparo contra consulta sobre derechos de pueblos afromexicanos Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo de Tomás, señaló que desde enero de 2025 existen acuerdos sobre diligencias de investigación que permanecen pendientes. Agregó que en la reunión de julio persistieron retrasos, rotación de personal y obstáculos burocráticos que han impedido avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Acompañada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla y la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (CORASON), la familia pidió que la investigación continúe con perspectiva intercultural, debida diligencia y un cronograma definido.
Roberto Rosete Guzmán, integrante del equipo del IDHIE, sostuvo que la desaparición no puede considerarse prescrita mientras no se conozca la suerte o el paradero de la persona. También señaló que la falta de señalamientos directos contra agentes estatales no debe descartar la investigación del contexto y de las estructuras que pudieron permitir la desaparición. Rosete Guzmán planteó la necesidad de un plan metodológico de investigación que incluya teoría del caso, hipótesis diferenciadas, agenda de diligencias y plazos. También pidió concluir y entregar los peritajes pendientes de trabajo social, victimología y antropología. Por su parte, Rubén Ortiz Rosas, consultor independiente, señaló que el análisis de contexto debe utilizarse para orientar la búsqueda e investigación, tomando en cuenta el entorno político y económico de la región y las formas de violencia contra comunidades campesinas. En tanto, Mauricio González González, coordinador de CORASON, pidió que las diligencias respondan a las circunstancias particulares del caso y que se eviten prácticas de revictimización, al señalar que incluso se ha cuestionado la historia y aspectos de la vida íntima e identidad de Tomás. El grupo de especialistas llamó a la FGE Puebla a retomar los acuerdos de las mesas anteriores, establecer responsables y fechas para las diligencias pendientes y no descartar de manera automática la hipótesis de desaparición forzada.
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