Una falla técnica aplazó la audiencia en la que se dictaría sentencia contra Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla acusado de ordenar la tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005. El Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo confirmó el diferimiento luego de que la defensa de la periodista no pudo ingresar a la sesión virtual porque su cuenta de Webex aparecía inhabilitada. Artículo 19 México y Centroamérica manifestó su inconformidad por una nueva demora en un caso que acumula 21 años de impunidad, al considerar inadmisible que errores logísticos sigan retrasando el acceso a la justicia. Antes de la audiencia, la organización advirtió que la resolución sería clave para determinar si personas con poder político y económico pueden agredir a periodistas sin enfrentar consecuencias. Por ello, exigió una sentencia proporcional a la gravedad de los hechos y acorde con los estándares internacionales de libertad de expresión y protección a la prensa. El organismo también cuestionó los resultados de los procesos contra otros implicados, pues diversas resoluciones judiciales han impedido que las acusaciones avancen hacia sanciones definitivas. En 2021, Kamel Nacif Borge obtuvo un amparo que derivó en la eliminación de su responsabilidad penal por tortura. En julio de 2025, un tribunal de Cancún exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla. Te puede interesar: Tras 21 años, fijan audiencia contra Mario Marín por la tortura a la periodista Lydia Cacho Por su parte, Hugo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial poblana, salió de prisión en agosto de 2024 por un cambio de medidas cautelares, aunque su proceso continúa. El pasado 14 de octubre, Alejandro Rocha Laureano quedó en libertad tras cumplir una condena de cinco años y seis meses. Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada por carretera a Puebla durante más de 20 horas. De acuerdo con Artículo 19, durante el trayecto sufrió amenazas, incomunicación, violencia sexual y tortura física y psicológica. 
La agresión ocurrió después de la publicación de Los demonios del Edén, libro en el que la periodista documentó una red de explotación sexual infantil y señaló a empresarios como Nacif. La difusión de conversaciones telefónicas entre el empresario y Marín exhibió referencias a las acciones emprendidas contra Cacho. La organización insistió en que las demoras y resoluciones judiciales no deben prolongar la impunidad en uno de los casos más representativos de violencia contra periodistas en México. |