A partir de este 3 de noviembre, el Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) entrará formalmente en vigor, estableciendo la restricción del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar en los niveles de educación básica —inicial, preescolar, primaria y secundaria— tanto en planteles públicos como particulares de todo el país. La medida, oficializada el pasado 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objetivo principal disminuir las distracciones en el aula, fomentar la convivencia y salvaguardar la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Conforme a los lineamientos, el uso de estos equipos quedará estrictamente limitado a actividades pedagógicas previamente calendarizadas con guía docente, o bien, a situaciones de emergencia, salud, accesibilidad o discapacidad. 
No obstante, un análisis reciente publicado por el centro de investigación México Evalúa bajo el título “Restringir sin prohibir. La regulación de dispositivos digitales en las escuelas y su implementación”, advierte sobre importantes desafíos operativos y riesgos de inequidad en su ejecución. Según el estudio, apenas el 35 por ciento de las escuelas públicas de educación básica cuenta con computadoras y conexión a internet con fines educativos, mientras que para el 56.3 por ciento de los menores de entre 6 y 17 años, el teléfono móvil constituye su única herramienta tecnológica de acceso. Ante la carencia de infraestructura instalada, los especialistas alertaron que la restricción podría derivar en una prohibición de facto que amplíe la brecha digital en lugar de cerrarla. Asimismo, el documento criticó que la normativa se aplique de manera uniforme a pesar de la marcada disparidad en la tenencia de dispositivos según el nivel escolar: el celular está presente en apenas el 4.6 por ciento de los casos en preescolar, sube al 24.8 por ciento en primaria y alcanza el 84.1 por ciento en secundaria. De hecho, el 94.7 por ciento de los docentes y directivos consultados en agosto de 2026 respaldó la creación de reglas diferenciadas por rangos de edad. Te puede interesar: Desde el 3 de noviembre, celulares estarán prohibidos en primarias y secundarias Entre los principales vacíos detectados en la implementación destacaron la ausencia de indicadores claros y responsables en las revisiones semestrales obligatorias, la falta de protocolos estandarizados para el resguardo seguro de los equipos y la carencia de directrices comunes para que las entidades federativas armonicen sus normativas locales dentro del plazo de 180 días. Ante este panorama, México Evalúa recomendó medir desde el arranque el impacto real en el aprendizaje y la convivencia, fortalecer la alfabetización digital integral para alumnos, profesores y padres de familia, fijar metas estandarizadas por plantel y garantizar la participación activa de las familias en las evaluaciones. La organización concluyó que, sin infraestructura de soporte, acompañamiento docente y seguimiento continuo, la medida corre el riesgo de quedarse corta frente a su meta de elevar la calidad y equidad educativa. |