Miércoles 04 Noviembre 2026

Paola Chavely Torres Nahuatlato | Escenario Tlaxcala

El Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), proyectado en el municipio de San José Chiapa, en el estado de Puebla, continúa vigente, pese a enfrentar los mismos problemas que frenaron proyectos similares en Hidalgo y Tlaxcala.

Además, las respuestas a solicitudes de transparencia no permiten conocer con claridad qué residuos recibirá, qué tecnologías utilizará ni cuáles serían sus posibles impactos ambientales. Ante la falta de información, habitantes de la zona cuestionan el proyecto y mantienen su oposición.

San José Chiapa, Puebla, ha vivido desde 2011 las transformaciones de una política industrial impulsada por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Aunque conserva su vocación agrícola, la comunidad convive con el corredor industrial de Ciudad Modelo, la planta de Audi y un sitio de disposición de residuos cercano. 

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Ahora, un nuevo megaproyecto amenaza con profundizar las tensiones sobre el futuro de su territorio: el PODECIBI, respaldado por el gobernador Alejandro Armenta.

Presentado como una alternativa para enfrentar la crisis de basura, el proyecto ha confrontado a habitantes y autoridades. Aunque el gobierno promueve su instalación, la información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) da a conocer que, hasta junio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla aún no tenía definidos los tipos de residuos que recibiría el complejo ni los métodos para procesarlos.

Al igual que en los proyectos de Tlaxcala y Tula, Hidalgo, el de San José Chiapa cuenta con una declaratoria para su instalación, pero las respuestas de transparencia no acreditan la existencia de los estudios ambientales solicitados.

En julio de 2026, la SMADSOT Puebla informó que no contaba con esos documentos en sus archivos. Por separado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó que no localizó, en las áreas administrativas consultadas, una manifestación de impacto ambiental autorizada por la dirección correspondiente.

Las respuestas emitidas por las dependencias gubernamentales no permiten conocer qué estudios respaldan la viabilidad ambiental del PODECIBI ni cómo se prevé evaluar sus impactos. Pese a ello, el proyecto respaldado por el gobierno de Alejandro Armenta continúa en el centro de la disputa con habitantes de San José Chiapa, que cuestionan la falta de información sobre la instalación.

La promesa federal de convertir la basura en recursos

El 26 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en 14 entidades del país, como parte del Plan México.

La estrategia contemplaba Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. El objetivo era atraer inversiones, impulsar actividades productivas y generar empleos mediante incentivos fiscales e infraestructura.

Dentro de esa estrategia se planteó una figura distinta: los PODECIBI, orientados a reducir los residuos y mantener los materiales en circulación mediante su reutilización, reciclaje y recuperación.

El decreto federal publicado el 4 de julio de 2025 estableció que estos polos podrían albergar proyectos públicos o privados de producción sustentable, aprovechamiento de materiales y actividades complementarias de investigación y educación ambiental.

Semarnat reportó que no localizó, en las áreas administrativas consultadas, una manifestación de impacto ambiental autorizada /  Escenario Tlaxcala 

Puebla mantiene su proyecto; Hidalgo y Tlaxcala enfrentaron obstáculos

El primer proyecto de economía circular anunciado en ese contexto se ubicó en Hidalgo. Tras una consulta ciudadana realizada el 14 de diciembre de 2025, en la que la mayoría rechazó la propuesta, el proyecto dejó de avanzar. La Semarnat formalizó su cancelación mediante la abrogación de la declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Parque Hidalgo, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) considerara inviable continuar ante el rechazo social.

Posteriormente, el 2 de marzo de 2026, la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que declaró el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla, en San José Chiapa, con una superficie de 40.428 hectáreas distribuidas en tres polígonos.

El documento establece que el terreno fue propuesto por el gobierno de Puebla, al que identifica como propietario del inmueble. También justifica su selección por su conectividad carretera, disponibilidad de servicios urbanos y ubicación en una zona que concentra una población de 116 mil 327 habitantes de cinco municipios: Libres, Nopalucan, Oriental, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa.

Además, señala que el predio es propiedad pública estatal y que no se encuentra dentro de áreas naturales protegidas ni de otras zonas de conservación consideradas en el acuerdo.

Sin embargo, la declaratoria no detalla qué instalaciones se construirán, qué tecnologías se utilizarán ni qué tipos y volúmenes de residuos se procesarán. Esta falta de especificaciones también fue uno de los cuestionamientos al proyecto anunciado en Tlaxcala, cuya declaratoria para San Pedro Ecatepec, en Atlangatepec, se publicó el 8 de junio de 2026.

El 2 de marzo de 2026, la Semarnat publicó en el DOF el acuerdo que declaró el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla, en San José Chiapa /  Escenario Tlaxcala 

PNT revelan vacíos en el proyecto de Puebla

Para conocer qué se pretende construir en San José Chiapa, el medio Escenario Tlaxcala solicitó a la SMADSOT de Puebla y a la Semarnat los estudios, procesos, impactos y beneficios del PODECIBI.

Las respuestas estatales indican que, al corte de junio de 2026, los tipos de residuos que recibiría el complejo y los métodos para procesarlos todavía estaban en planeación. La SMADSOT tampoco tenía definidos los documentos técnicos, las memorias descriptivas y los estudios de factibilidad solicitados.

Las solicitudes con número de folio 762101826000160 y 762101826000161, dirigidas a la SMADSOT, permitieron identificar otros vacíos: la dependencia informó que no tenía definidos los beneficios económicos, sociales y ambientales del proyecto ni estudios que los sustentaran. También reportó que las características técnicas y diversos documentos sobre su desarrollo continuaban pendientes de definición.

Respecto a los estudios ambientales y los posibles impactos sobre el agua, el suelo, el aire y los ecosistemas, la Semarnat señaló en la solicitud 340026700293426 que no localizó, en las áreas administrativas consultadas, una manifestación de impacto ambiental autorizada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. La SMADSOT, por su parte, informó que no tenía en sus archivos los estudios ambientales solicitados.

Aunque el PODECIBI de San José Chiapa cuenta con una declaratoria federal publicada en marzo de 2026, las respuestas de transparencia muestran que, hasta junio de ese año, seguían sin definirse o no estaban disponibles en los archivos consultados aspectos fundamentales para conocer el alcance del proyecto. 

A diferencia de los proyectos de Hidalgo y Tlaxcala, que fueron frenados, el de Puebla continúa vigente pese a las manifestaciones de rechazo de habitantes de la zona.


La SMADSOT Puebla informó que no tenía definidos los beneficios económicos, sociales y ambientales del proyecto / Escenario Tlaxcala

Desdeñan consultas ciudadanas 

Los procesos de participación alrededor de los PODECIBI tuvieron diferencias en cada estado. En Hidalgo, la consulta ciudadana del 14 de diciembre de 2025 concluyó con el rechazo al proyecto Parque Hidalgo.

Sin embargo, René Coatl, habitante de la región y participante en la defensa del territorio entrevistado por la periodista Aranzazú Ayala, cuestionó que se realizara después de publicar por decreto la declaratoria del polo, lo que generó dudas sobre si podía modificar una decisión aparentemente tomada.

Coatl recordó que, durante las reuniones públicas, las autoridades no ofrecían información específica y algunas personas encargadas de presentar el proyecto carecían de especialización técnica. También señaló cambios en la explicación oficial: primero se habló de una instalación metropolitana para Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México y después de un proyecto estatal, sin aclarar de dónde provendrían los residuos necesarios para alcanzar la capacidad anunciada.

En Tlaxcala, habitantes de San Pedro Ecatepec, donde se pretendía instalar el PODECIBI, también cuestionaron la falta de información. Francisco Calderón, habitante de Atlangatepec e investigador agropecuario, señaló que la población no tenía elementos suficientes para evaluar los impactos ambientales.

“No tenemos la información suficiente que nos dé la confianza de que este proyecto no va a contaminar. No hemos tenido una explicación técnica de las capacidades, de todo lo que va a implicar este nuevo proyecto”, detalló. 

En Puebla, la Semarnat respondió a la solicitud de transparencia con folio 340026700293626 que no localizó documentos sobre consultas públicas o participación social del PODECIBI. Reconoció su asistencia a un encuentro informativo en San José Chiapa, el 5 de abril de 2026, por invitación del comisariado ejidal, pero no reportó actas ni documentos que acreditaran una consulta formal.

El Ayuntamiento de San José Chiapa informó que no hubo consultas ni recibió documentación técnica del proyecto /  Escenario Tlaxcala 

El Ayuntamiento de San José Chiapa, mediante la respuesta al folio 760438226000020, informó que autoridades federales y estatales realizaron visitas para hablar del proyecto, pero precisó que no hubo consultas ni recibió documentación técnica para informar a la población.

Habitantes de la localidad señalaron que carecían de información para evaluar los riesgos de instalar infraestructura de manejo de residuos cerca de sus viviendas y fuentes de agua. Por ello, solicitaron estudios, asambleas y una consulta para decidir sobre el proyecto.

Uno de los participantes explicó que, ante la falta de información oficial, las y los habitantes recurrieron a sus propios medios para investigar las posibles consecuencias de este tipo de instalaciones.

“Nosotros no somos ambientalistas, somos ciudadanos. Nos informamos a través del teléfono y al informarnos vemos las consecuencias que trae una recicladora”, lamentó. 

La discusión también aparece en los decretos de los PODECIBI de Puebla y Tlaxcala. En el caso poblano, el DOF señala que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no identificó localidades indígenas en el área del proyecto y consideró innecesaria una consulta previa, libre e informada. 

En Tlaxcala, también se determinó que no había comunidades indígenas o afromexicanas susceptibles de resultar afectadas.

Sin embargo, el INPI no tiene la facultad de decidir quién es indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el criterio fundamental es la autoadscripción, es decir, la conciencia de una persona o comunidad sobre su propia identidad, sin depender de la autorización estatal.

A diferencia de Puebla y Tlaxcala, en Hidalgo sí hubo una votación. El 14 de diciembre de 2025 se instalaron 78 mesas receptoras en 35 secciones de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo participó en la organización técnica para consultar si la ciudadanía aprobaba el Parque Ecológico y de Reciclaje.

De 12 mil 259 opiniones, 7 mil 736 (63.1 por ciento) rechazaron el proyecto. La participación representó el 8.77 por ciento de la lista nominal.

Aunque René Coatl reconoció que el resultado fue un rechazo claro, cuestionó las condiciones del proceso: señaló que la convocatoria se anunció con poco tiempo y que las autoridades promovieron el voto a favor, sin mantener una postura neutral.

También relató que organizaciones y habitantes opositores realizaron una encuesta y una rueda de prensa durante la última semana. Aunque dudaba que ganara el “no”, dijo que se sorprendió con los resultados.

Los casos de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla muestran distintas formas de participación, pero también una exigencia compartida: contar con información suficiente y tener voz en las decisiones sobre proyectos que pueden transformar su entorno.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no identificó localidades indígenas en el área del proyecto /  Escenario Tlaxcala 

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Evaluación técnica que sigue pendiente en Puebla

Las preocupaciones de los habitantes de San José Chiapa sobre los posibles impactos del PODECIBI también tienen una dimensión técnica. Para la Dra. Nancy Jiménez Merary, especialista en gestión ambiental y manejo de residuos, no basta con presentar la economía circular como solución a la contaminación; también es necesario conocer qué infraestructura se instalará, cómo funcionará y qué efectos podría tener en el territorio.

La especialista advierte que una descripción general de lo que podría albergar un Polo de Desarrollo de Economía Circular no permite evaluar sus alcances. Para ello, es necesario conocer las tecnologías que se utilizarán, los materiales que recibirán, los procesos a los que serán sometidos y la capacidad de procesamiento de cada instalación.

También se requiere información sobre el consumo de agua y energía, para dimensionar la presión que la operación ejercería sobre los recursos locales. Sin embargo, las instituciones competentes no proporcionaron estos datos ni aclararon esos aspectos en los proyectos de Hidalgo y Tlaxcala.

En Puebla, donde el PODECIBI continúa vigente, persisten las interrogantes sobre las tecnologías, los procesos y los requerimientos técnicos para su operación.

La evaluación tampoco puede limitarse al funcionamiento de las plantas. Jiménez Merary considera que debe analizarse su compatibilidad con el entorno: la ubicación respecto de viviendas, escuelas, hospitales, cuerpos de agua y áreas naturales, así como las condiciones geológicas e hidrogeológicas del terreno.

A ello se suman los posibles impactos por emisiones, ruido, olores y generación de lixiviados, además de los mecanismos para monitorear y prevenir afectaciones.

Durante un recorrido por San José Chiapa, el equipo de Escenario Tlaxcala constató que las viviendas más cercanas al terreno donde se proyecta construir el parque industrial se encuentran a aproximadamente diez minutos a pie.

Asimismo, la especialista plantea transparentar la inversión, los subsidios o estímulos fiscales, los empleos temporales y permanentes, los perfiles laborales requeridos y la distribución de los beneficios económicos. Esto permitiría distinguir entre las promesas de desarrollo y los resultados que realmente podrían alcanzar las comunidades cercanas.

Para Jiménez Merary, esta información debe estar disponible antes de que avance el proyecto y acompañarse de mecanismos efectivos de participación pública. Las comunidades necesitan acceder a los datos, plantear preguntas, presentar inconformidades y contar con herramientas para vigilar el funcionamiento de las instalaciones.

La transparencia no consiste únicamente en publicar documentos, sino en permitir que la población comprenda y evalúe las decisiones que afectan su territorio.

La experiencia de Hidalgo es una advertencia. Para la especialista, el rechazo social y la posterior cancelación del proyecto muestran las consecuencias de impulsar infraestructura sin proporcionar información técnica suficiente y comprensible.

Una propuesta presentada como solución ambiental puede generar desconfianza cuando las comunidades desconocen sus características y carecen de elementos para valorar sus posibles impactos.

En Tlaxcala, la suspensión tuvo una explicación distinta. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino, atribuyó la decisión a los elevados costos y a problemas de viabilidad económica.

A diferencia de Hidalgo, donde el rechazo se expresó mediante una consulta ciudadana, en San Pedro Ecatepec no hubo un ejercicio formal para conocer la opinión de la población, pese a que habitantes manifestaron públicamente su oposición y exigieron información sobre los posibles impactos.

En San José Chiapa, la discusión sigue abierta. Las respuestas de transparencia revisadas por Escenario Tlaxcala muestran que, al corte de junio de 2026, las autoridades aún no tenían definidos o no habían localizado en sus archivos distintos componentes técnicos, ambientales y económicos del PODECIBI.

Habitantes de la zona promovieron un juicio de amparo contra actos relacionados con la autorización, gestión y desarrollo del proyecto / Escenario Tlaxcala 

La disputa por el PODECIBI de Puebla llega a los tribunales

La oposición al PODECIBI de San José Chiapa también llegó a los tribunales. Ante la falta de información, habitantes de la zona promovieron el juicio de amparo 597/2026 contra actos relacionados con la autorización, gestión y desarrollo del proyecto, así como por posibles omisiones en materia de información y participación pública.

En su informe justificado, el gobierno de Puebla defendió la legalidad de las decisiones impugnadas. Sostuvo que el PODECIBI forma parte de una política pública federal y que los actos reclamados no acreditaban una afectación directa a los derechos de las personas promoventes.

También cuestionó que tuvieran interés jurídico o legítimo para acudir al juicio, al considerar que no demostraban una afectación diferenciada respecto del resto de la población. Además, planteó que algunas acciones señaladas correspondían a actos futuros o inciertos.

El gobierno estatal promovió un recurso de queja contra el auto que admitió la demanda, con el argumento de que las personas promoventes carecen de interés legítimo. Esta impugnación afectó el desarrollo del juicio: de acuerdo con el auto del 22 de julio de 2026, el juzgado suspendió el procedimiento desde el 13 de julio, hasta que se resolviera la queja.

En esa resolución, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla también reservó el trámite de una ampliación de demanda presentada por la parte quejosa, debido a que el procedimiento estaba suspendido. Es decir, no resolvió si admitía la ampliación, sino que dejó pendiente esa decisión.

De acuerdo con la información proporcionada por las personas promoventes a Escenario Tlaxcala, en septiembre presentaron una nueva ampliación de la demanda, pero hasta el 27 de octubre de 2026 no había sido admitida. Señalaron que el juzgado mantenía detenido el expediente porque primero debía resolverse el recurso de queja.

Por ahora, la controversia judicial no se centra en determinar si el PODECIBI provocará daños ambientales, sino en establecer si las personas que promovieron el amparo tienen legitimación para reclamar los actos y omisiones señalados y si estos pueden revisarse por la vía constitucional.

La queja del gobierno estatal y la suspensión mantienen pendiente el avance del juicio, mientras las comunidades buscan que sus argumentos sean examinados.

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Presuntas irregularidades alcanzan varios PODECIBI

Aunque los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) se presentan como una propuesta para atender la crisis de la basura, su planeación y alcance no se han comunicado con claridad ni transparencia a la ciudadanía.

En los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, la falta de información sobre los residuos que recibirían, las tecnologías que utilizarían y los posibles impactos de su operación ha alimentado la desconfianza y el rechazo de las comunidades.

En entrevista con Escenario Tlaxcala, Pedro Aquino, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, reconoció que se trata de un proyecto nuevo y que las plantas servirían como pruebas para evaluar su efectividad. Explicó que primero tendría que construirse el polo y después las empresas interesadas participarían para instalarse en él.

Una vez que se conocieran las compañías y las actividades que desarrollarían, podrían elaborarse los estudios de impacto ambiental y realizarse las consultas necesarias.

Bajo esta lógica, la definición de los riesgos y las medidas de prevención quedaría para una etapa posterior a la construcción. Esto mantiene a las comunidades en incertidumbre, pues tendrían que esperar a que se instale la infraestructura y se definan las empresas para conocer qué se pretende llevar a su territorio y cuáles serían sus posibles impactos.

La falta de información previa y de mecanismos claros de participación ha marcado los casos de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, donde habitantes han rechazado proyectos cuyos alcances no fueron explicados con suficiente claridad.

En Puebla, a diferencia de Hidalgo y Tlaxcala, el PODECIBI continúa en marcha. Mientras las autoridades mantienen vigente el proyecto, los habitantes de San José Chiapa siguen en alerta y se oponen a la construcción, a la espera de información clara sobre las instalaciones que pretenden llevar a su territorio y sus posibles impactos.