Más de mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla, pertenecientes al Sexto Circuito, suspendieron actividades este viernes 6 de noviembre para sumarse al paro nacional contra el nuevo esquema de evaluación de desempeño, al considerar que podría afectar su estabilidad laboral. Las y los empleados de base se sumaron a las manifestaciones convocadas en distintas sedes judiciales del país. Desde las primeras horas del día, el inmueble ubicado en San Andrés Cholula permaneció cerrado, con cadenas en sus accesos. Te puede interesar: Puebla queda entre los ocho estados peor evaluados en Estado de Derecho De acuerdo con las convocatorias, trabajadores de la Ciudad de México (CDMX) y de al menos 16 estados participarían en la protesta. Entre las entidades mencionadas están Nuevo León, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Estado de México y Puebla. En San Lázaro, en CDMX, las y los manifestantes también colocaron candados y organizaron un plantón desde la medianoche. Advirtieron que mantendrían la suspensión hasta que se modificara el acuerdo, aunque permitirían el acceso mediante un esquema de guardias. La protesta responde al esquema de evaluación publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que contempla exámenes los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre de 2026 para secretarios proyectistas, asistentes, actuarios y oficiales judiciales. El mecanismo establece calificaciones de cero a 100 puntos para medir conocimientos, preparación profesional y desempeño. Sin embargo, las y los trabajadores cuestionan que el examen de conocimientos represente 40 por ciento de la calificación, mientras que el resto corresponda a valoraciones de superiores, compañeros y otros indicadores. Temen que estos criterios puedan derivar en represalias o afectar su permanencia laboral.  Ante las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó este 6 de noviembre que las primeras evaluaciones no provocarán despidos ni pérdida de plazas para el personal de carrera judicial. En un comunicado, explicó que los exámenes de diciembre tendrán carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que no implicarán aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación de las y los trabajadores. El organismo señaló que el objetivo es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar la impartición de justicia. Añadió que la primera evaluación ordinaria, con los efectos previstos en la legislación, se realizará después de concluir las acciones de preparación. El OAJ sostuvo que esta evaluación es una atribución constitucional establecida en el artículo 100 de la Constitución, así como en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. También reconoció el derecho del personal a manifestarse y reiteró su disposición al diálogo para atender sus inconformidades.
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