Jueves 19 Noviembre 2026

Seis observatorios ciudadanos advierten que la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales mantiene pendientes legislativos y requiere reformas para garantizar su aplicación.

Las organizaciones de Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán anunciaron que darán seguimiento a su implementación, luego de que la Cámara de Diputados aprobara sin cambios la minuta enviada por el Senado.

En un posicionamiento conjunto, señalaron que, aunque la legislación representa avances en materia de protección animal, conserva deficiencias que fueron advertidas durante el proceso legislativo y que no quedaron resueltas en el decreto aprobado.

El trabajo de los observatorios comenzó con Jalisco, Puebla y Tlaxcala, que el 27 de agosto presentaron observaciones ante el Senado y difundieron un análisis técnico del dictamen. Posteriormente, el 20 de octubre, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático respondió oficialmente que sus aportaciones fueron examinadas y consideradas un «insumo esencial» para el trabajo legislativo, aunque esto no significó que fueran incorporadas al texto final.

Ahora, los seis observatorios concentrarán su vigilancia en cuatro temas: reformas pendientes, elaboración de reglamentos y normas, armonización de las leyes estatales sin eliminar disposiciones locales que otorguen mayor protección a los animales, y cumplimiento de las obligaciones de las autoridades.

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También exigirán atención a los presupuestos, programas y políticas públicas, así como a los mecanismos de inspección y sanción que permitan aplicar la nueva legislación y evitar que sus disposiciones queden únicamente en el papel.

El decreto fue remitido al Ejecutivo federal, por lo que todavía está pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor. Los observatorios advirtieron que la aprobación de la ley no representa el cierre del proceso, pues su alcance dependerá de las reformas complementarias y de que las instituciones cumplan las responsabilidades que establece.