Luego de detectar diversas irregularidades en la forma en que informaba y cobraba sus servicios, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión al Colegio Internacional de Puebla, S.C., lo que impide temporalmente que el plantel continúe ofreciendo o comercializando sus servicios educativos. La medida fue aplicada tras una visita de verificación derivada de una denuncia ciudadana, en la que personal de la dependencia federal identificó incumplimientos a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. De acuerdo con la autoridad, el colegio —ubicado en la calle General Francisco Lamadrid número 6, en la colonia Lomas de Loreto, en la ciudad de Puebla— presentaba diversas anomalías relacionadas con la transparencia de sus cobros. Entre las irregularidades detectadas se encuentra la falta de precios visibles para los consumidores, así como la ausencia de comprobantes por las transacciones realizadas y la falta de información comercial clara dirigida a madres y padres de familia sobre los servicios que ofrece la institución. Profeco advirtió que este tipo de prácticas pueden generar opacidad en los pagos relacionados con colegiaturas, inscripciones u otros cargos, lo que afecta la capacidad de las familias para conocer con claridad las condiciones del servicio educativo que contratan. Te puede interesar: “Me vale”: madre exige de manera grosera INE a chofer de Uber en Puebla La dependencia señaló que los sellos de suspensión permanecerán colocados hasta que el plantel acredite haber corregido las irregularidades detectadas y demuestre que cumple con las disposiciones legales en materia de protección al consumidor. Asimismo, recordó que todos los proveedores de servicios, incluidas las instituciones educativas privadas, están obligados a ofrecer información clara, veraz y suficiente sobre precios y condiciones de contratación. Finalmente, Profeco reiteró que continuará con operativos de verificación en distintos establecimientos, e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias cuando detecte irregularidades que vulneren los derechos de los consumidores.
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