La transición hacia un modelo financiero sin papel moneda ha dado un paso formal con la aprobación de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, diseñada para incentivar la competitividad, facilitar la formalización de los negocios y ampliar el acceso a créditos mediante historiales transaccionales. Sin embargo, en el terreno operativo, la interrogante entre los pequeños comerciantes es clara: ¿se acabó el efectivo y qué tanto golpeará a la economía de barrio? A pesar de los objetivos oficiales por integrar a sectores tradicionalmente excluidos y reducir barreras de mercado, la normativa ha generado inquietud inmediata debido a la incertidumbre sobre su implementación y los costos asociados. 
El centro de la preocupación radica en la posible obligatoriedad de aceptar pagos digitales, cuya definición exacta quedó en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia que deberá emitir en un plazo de 15 días los sectores, plazos y condiciones específicas aplicables a través de comités sectoriales. Para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), las comisiones por el uso de terminales bancarias y transacciones electrónicas pueden alcanzar hasta el 3 por ciento por operación o cobros fijos de 3 mil 500 pesos mensuales, montos que para establecimientos con márgenes reducidos o ventas al día representan entre el 6 y el 7 por ciento de su utilidad neta. Te puede interesar: ¿Nunca traes efectivo? En Puebla, 7 de cada 10 negocios no aceptan pagos digitales Especialistas en la materia, han señalado que delegar aspectos tan delicados a reglas secundarias deja a los negocios en un estado de vulnerabilidad, advirtiendo además sobre las marcadas limitaciones tecnológicas y de conectividad en diversas regiones del país, donde herramientas públicas sin comisión como CoDi o Dimo todavía enfrentan una adopción limitada. Mientras los comercios esperan las disposiciones complementarias de Hacienda y evalúan el nivel de fiscalización que traerá consigo la ley, las Mipymes navegan en un escenario de profunda incertidumbre, con más dudas que certezas sobre el alcance real de las obligaciones y la falta de un acompañamiento institucional que proteja su rentabilidad frente a las exigencias del nuevo entorno digital. |