Redacción En Chilpancingo, estado de Guerrero, se presentó el caso de una menor originaria del municipio de Tlapa, que fue víctima de violencia sexual a manos de su primo de 12 años. El acto derivó en un embarazo no deseado. Solo fue tras una lucha legal, que tras el maltrato y rechazo del personal de hospital Raymundo Abarca Alarcón a practicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aún con una orden del Ministerio Público, familiares de la menor lograron que se le practicara la intervención médica en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la menor de 10 años de la región Me’ phaa se encuentra bien de salud y especialistas de este hospital le están proporcionando los cuidados que requiere.
Comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Dado lo ocurrido, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) manifestó su preocupación por la prevalente violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres guerrerenses, particularmente la falta de garantía a la Interrupción Legal del Embarazo a niñas víctimas de violación. En el comunicado, el OCNF señala que el acto es reprobable y evidencia la urgente necesidad de legislar en torno al derecho a la salud reproductiva de las mujeres dado que, en este caso, se expone una flagrante violencia por parte de autoridades hacia la niña y su familia, “a través de las omisiones estatales y la revictimización contra ella y sus familiares". La violencia Institucional Y es que estableció que en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, al cual la menor y sus familiares arribaron después del procedimiento penal, en vez de atender a la niña, el personal médico comenzó a regañarlos. Seguido a esto, se negó la ILE y se les obligó a firmar un documento para asumir los cuidados del embarazo en la clínica de su comunidad y luego volver 8 meses después para una revisión. Después de esto, la familia nuevamente acudió al Ministerio Público, en donde determinaron que no actuaron de acuerdo a los derechos de la menor y en lugar de ello, se lavaron las manos”, no obstante la menor pertenece a grupos vulnerables, al ser población infantil del pueblo me’pha. Cabe mencionar que aún muchos médicos, sobre todo en regiones indígenas, se niegan a practicar el procedimiento por una objeción de conciencia.
Faltan Reformas Pese a que el caso culminó con la práctica de la ILE, el OCNF ha señalado que el gobierno guerrerense tiene pendiente implementar las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por Agravio Comparado, dictadas por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). “Desde los 23 estados de la República en donde nos encontramos como OCNF, estaremos atentas del seguimiento que realizarán desde la Mesa interinstitucional generada en el caso de la niña Me’phaa, a fin de que la violencia sexual, la revictimización y la violencia institucional sean resarcidos a cabalidad” manifiesta el Observatorio en su desplegado. Además la organización también insta a las autoridades del estado sureño a investigar y sancionar a las y los funcionarios públicos del Hospital Raymundo Abarca, además de marcar “que es necesario que las y los funcionarios públicos, además de otros poderes de facto, como las iglesias, ponderen la vida y salud de las mujeres, frente a las creencias religiosas o posturas que hoy por hoy, tienen a las mujeres enclaustradas en un círculo de violencia en donde la impunidad es la respuesta común”.
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